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"Trabajos que sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad". Esos son las requisitos que marca un real decreto del 2011, en pleno mandato de Zapatero, de obligado cumplimiento para aquellos grupos profesionales que quieran acceder a la jubilación anticipada cobrando el 100% de la pensión. Enumerarlos es comprobar que los trabajadores que estuvieron expuestos al amianto durante largas temporadas cumplen con todas y cada una de esas condiciones con una contundencia abrumadora.

Sin embargo, seis años después del anhelado avance y de las buenas palabras, la norma permanece en el ostracismo y ninguno de los antiguos trabajadores del sector del asbesto puede acogerse a los coeficientes reductores para avanzar su retirada laboral. "La realidad es que otros colectivos, como el de la Policía Local, están avanzando más rápidamente para lograr este derecho pese a no tener tanto riesgo de toxicidad ni cumplir con tanta solvencia los requerimientos como lo hace el sector del asbesto", expone Alex Tisminetzky, abogado del Col·lectiu Ronda, especialista en el ámbito de la seguridad social y que ha representado a centenares de víctimas del amianto.

¿A qué se debe ese agravio? "Hay mucho miedo en el Estado porque representaría un potente desembolso en materia de seguridad social, dado que se podrían alcanzar entre 10.000 y 20.000 jubilaciones anticipadas, justo en un momento donde prima más que nunca el recorte de gastos públicos", destaca Tisminetzky.

Tampoco se puede obviar la presión que todavía ejercen los potentes lobis del gremio, aquellas fortunas que ampliaron su patrimonio a caballo entre los 70 y los 80, a finales del franquismo, con una democracia incipiente, en un entorno donde resultaba más asequible conseguir sus propósitos de expansión que en otros países con un sistema político más robusto y asentado. "Hoy esas condiciones que buscan los productores de amianto se encuentran en países como Nicaragua o Marruecos", expone el letrado.

RIGOR Y PRECAUCIÓN

Un panorama que no se circunscribe únicamente a los obreros que han sufrido y sufren la falta de escrúpulos de los empresarios y la frecuente desidia de las autoridades. El influjo nocivo del amianto puede afectar a cualquier persona, como tiene claro en buena parte de países comunitarios, no tanto en España.

"Desde la prohibición del 2002, no se ha aprobado ninguna norma específica del amianto, más allá de la obligación de retirar este material cumpliendo una serie de condiciones. En países como Francia, por ejemplo, el propietario de un inmueble tiene la obligación de comunicar a un hipotético inquilino si en la casa hay amianto, como sucede aquí con la aluminosis; en esta materia estamos muy alejados de la mayoría de estados de la UE", denuncia el abogado del Col·lectiu Ronda.