Según la OMS, cada año mueren en el mundo más de 100.000 personas por cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis provocados por la exposición laboral a las fibras de amianto. Las autoridades europeas estiman que medio millón de personas morirá en Europa de aquí al año 2030 como consecuencia de cánceres ocasionados por la exposición al amianto en los años ochenta y noventa del siglo pasado. En España, el amianto será responsable de la muerte de más de 40.000 personas. Víctimas al que la justicia les da la razón. Las personas que han enfermado o muerto como consecuencia del amianto, así como sus familiares, tienen derecho a exigir mejoras en sus pensiones. En 2002 el amianto se prohibió en España. Demasiado tarde.
La exposición al amianto ha sido letal para miles de personas en España y lo será durante los próximos 25 años. Anualmente hay unos 2.300 muertos por haber sido en contacto con elamianto y la tasa de víctimas no decrecerá hasta el 2025. Según estudios científicos, al menos hasta el 2040 cada año se añadirán cientos de muertos en un registro macabro.
Desde el Colectivo Ronda hablamos de "genocidio laboral" para describir lo que ha pasado con el amianto en España, con miles de personas expuestas a un material claramente perjudicial sin que las empresas productoras adoptaran medidas de seguridad para palio liar sus efectos ni alertaran los trabajadores de los riesgos. En Cataluña, los principales focos de afectados por el amianto se sitúan en Cerdanyola (Barcelona), donde estaba la fábrica de Uralita, y Castelldefels (Barcelona), donde se ubicaba la antigua Rocalla, posteriormente absorbida por uralita. También se han localizado muchos casos en el puerto de Barcelona o en la antigua Macosa, hoy Alstom, primero establecida en el Poblenou de Barcelona y posteriormente en Santa Perpètua de Mogoda, entre otros.
Después de más tres décadas de batalla judicial, desde el 2009 las sentencias son favorables a los trabajadores, a quienes se les reconoce la enfermedad profesional (lo que supone una mejora de la pensión) y se obliga a la empresa a indemnizarlos por los daños causados. Eso sí, el proceso judicial se alarga durante varios años, ya que la compañía presenta recursos para evitar el pago, con el argumento de que desconocía las consecuencias de la exposición amianto y que durante años no había ninguna normativa que obligara a tomar medidas de protección.