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Las víctimas de violencia de género tienen reconocidos una serie de derechos laborales específicos con el objetivo de garantizar su protección y facilitar el acceso a una asistencia social integral. En este artículo, los repasamos brevemente.
 

Cada año, cada 25 de noviembre, es necesario seguir denunciando todas las violencias machistas que atentan contra las mujeres por el simple hecho de serlo. Cada 25-N debemos decir y repetir que ya basta de impunidad y de complicidades por parte de un sistema y de una sociedad que hoy, más que nunca, con el auge del pensamiento de extrema derecha y la conflictividad global en tantos territorios, nos obliga a las mujeres a tejer todas las resistencias para arrancar desde la raíz de unas estructuras patriarcales que dañan y golpean en tantos ámbitos de la vida.

Una de las consultas más habituales que recibimos en el despacho es si resulta más ventajoso hacer una donación a los hijos en vida o esperar a que reciban los bienes a través de la herencia. En Cataluña, ambas opciones tienen implicaciones fiscales diferentes y conviene analizarlas detenidamente para poder elegir la fórmula más adecuada en cada situación familiar.

En la actualidad, es cada vez más habitual que los padres tengan que ayudar económicamente a sus hijos ante las dificultades para ahorrar, la precariedad laboral y el encarecimiento del precio de la vivienda.

Sin embargo, también puede darse el caso contrario: hijos que, habiendo tenido más suerte o estabilidad económica, desean ayudar a sus padres. En estas situaciones, es habitual preguntarse qué opciones existen y, sobre todo, conocer qué incidencia fiscal puede tener cada una de ellas para poder escoger la fórmula que mejor se adapte a las necesidades de cada familia.

La excedencia voluntaria es una herramienta que permite pausar temporalmente la relación laboral sin necesidad de justificar nuestra decisión, pero implica riesgos, especialmente la falta de reserva del puesto o la posible dificultad para reincorporarse al antiguo trabajo. Es fundamental entender sus implicaciones antes de solicitarla.

Cuando una persona sufre un ictus, la rapidez en la detección, diagnóstico y tratamiento de la patología es primordial. De esa rapidez depende que la gravedad de las secuelas sea limitada o, incluso, evitar el fallecimiento de la persona. ¿Pero qué ocurre cuando este diagnóstico es excesivamente lento o no llegar a producirse nunca? ¿Podemos hablar de una mala praxis médica y, por tanto, de la existencia de responsabilidad por parte del sistema sanitario?