El semanario "La Directa" publica un documental sobre el conflicto laboral que afecta al colectivo de estibadores y estibadoras de España y la amenaza de extinción de más de 6000 puestos de trabajo que se cierne sobre los profesionales de la estiba.
Un pensionista interpone recurso ante el Tribunal Constitucional por la decisión del gobierno popular de no revalorizar las pensiones conforme al IPC del año 2012, actuación que vulnera gravemente normativa internacional de obligado cumplimiento como, por ejemplo, la Carta Social Europea .
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional condena a una empresa dedicada a la prestación de servicios de prevención a hacerse cargo de la limpieza, desinfección y destrucción de la ropa de trabajo de su personal sanitario al considerar la vestimenta un Equipo de Protección Individual (EPI)
Colectivo Ronda dispone de un servicio de asesoría que os ayudará a cumplir con vuestras obligaciones fiscales y que el resultado de la declaración os seafavorable en el mayor grado posible.
Por segundo año consecutivo, la Agencia de la Vivienda de la Generalitat de Catalunya ha vuelto a requerir a miles de jóvenes la devolución de los importes percibidos en concepto de Renta Básica de Emancipación al considerar que sus ingresos económicos superaron los límites establecidos para acceder a esta ayuda.
Una sentencia del Juzgado de 1ª Instancia numero 2 de Gijón obliga a Banco Santander a devolver íntegramente los 74.967, 84€ y 500.000€ invertidos por un matrimonio en participaciones preferentes de SOS Cuétara y Valores Santander, respectivamente.
El Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Tarragona ha condenado a Bankinter a devolver los 14.000 euros abonados por un hipotecado tarraconense por efecto de un contrato de permuta del tipo de interés o swap hipotecario, un complejo producto financiero de elevado riesgo comercializado bajo la falsa apariencia de seguros contra posibles subidas del Euribor.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Uralita contra la sentencia de la sala 4 del Juzgado Social de Barcelona de 2015 en la cual se la condenaba a abonar 342.142 euros a un extrabajador en concepto de indemnización por daños derivados de enfermedad profesional, ratificando el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención en el caso del amianto.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Uralita contra la sentencia de la sala 4 del Juzgado Social de Barcelona de 2015 en la cual se la condenaba a abonar 342.142 euros a un extrabajador en concepto de indemnización por daños derivados de enfermedad profesional, ratificando el incumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención en el caso del amianto.
El Juzgado Social 33 de Barcelona dicta la primera sentencia que invoca la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que la situación de incapacidad temporal de un trabajador que se considere de duración “incierta” o tenga perspectiva de “prolongarse significativamente”, puede merecer el mismo grado de protección que la discapacidad.