El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Gavà (Barcelona) ha dictado una sentencia que obliga a Banco Santander, en calidad de sucesor de Banco Popular, a devolver los cerca de 9000 euros invertidos por un cliente en acciones de la entidad adquiridas durante la polémica ampliación de capital que el Popular desarrolló a partir de mayo de 2016.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho de un trabajador accidentado que padeció la amputación de una mano a que se le implante una prótesis de última generación en lugar de la convencionalmente prevista en el ámbito de la asistencia sanitaria ordinaria.
La Audiencia Provincial de Barcelona anula una cláusula suelo incorporada en un préstamo hipotecario suscrito por una empresa al considerar que la inclusión se hizo «vulnerando las reglas de la buena fe»
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha modificado el criterio que exhibió el propio TEDH en la primera resolución del caso López Ribalda, en enero de 2018, y limita la utilización de sistemas ocultos de videovigilancia en centros de trabajo a algunos supuestos excepcionales.
La Abogada General de la UE se ha pronunciado sobre tres nuevas cuestiones prejudiciales elevadas por tribunales españoles respecto a las medidas que deben ser de aplicación para compensar, prevenir y corregir el uso abusivo de las figuras de temporalidad por parte de las Administraciones
La sentencia del Tribunal Supremo que impone severas condenas por la supuesta comisión de los delitos de sedición, desobediencia y malversación atenta de forma grave contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, haciendo del Derecho Penal un instrumento de intervención política limitador de nuestras legítimas libertades.
El reciente RDL 5/2023 ha modificado un gran número de normas, incluyendo el Estatuto de los Trabajadores. Entre las principales medidas adoptadas, cambios substanciales y creación de nuevos permisos laborales destinados a conciliar la vida personal, familiar y laboral.
La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2019 abre la puerta a nuevas posibilidades de adaptación de la jornada de trabajo para conciliar la vida familiar y laboral. Ahora bien, la inconcreción del texto y la laxitud exhibida por parte del legislador generan importantes dudas sobre el alcance que pueden llegar a tener las medidas instauradas.
El Juzgado de lo Social 2 de Barcelona será el primero en resolver la petición de un grupo de trabajadores que reclama que se reconozca como enfermedad profesional los trastornos de angustia y la zozobra que sufren muchas de las personas que durante años han trabajado expuestas al amianto
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) considera que la situación de una trabajadora reconocida como «especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo» se puede equipar a la de una persona con discapacidad en términos de protección frente a un despido