La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC) en coordinación con otras entidades y organizaciones de todo el Estado han convocado concentraciones de protesta en los centros de trabajo y ante la sede del Congreso de los Diputados para exigir la definitiva creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto siguiendo el ejemplo de otros países comunitarios como Bélgica, Holanda o, en especial, Francia.
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Las asociaciones de víctimas del amianto no están dispuestas a que el proyecto de ley para la creación de un fondo público de compensación para las personas afectadas por la exposición a las fibras de asbesto acabe, nuevamente, en el cajón del olvido tal y como ya sucedió en el 2019. La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC), junto con entidades y organizaciones de todo el Estado, han convocado concentraciones de protesta ante los centros de trabajo de las empresas donde se ha utilizado este mineral responsable, según la UE, "del 80% de los cánceres profesionales reconocidos en los Estados miembros». La jornada de protesta ha incluido una gran concentración frente al Congreso de los Diputados (12h) para reclamar al Gobierno y los distintos partidos políticos con representación parlamentaria que se incluya la creación de este fondo en los próximos presupuestos generales del Estado, actualmente en fase de negociación.
Tramitación paralizada
La principal razón esgrimida por las entidades convocantes para esta movilización es la injustificada demora en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley para la creación del fondo público de compensación para las víctimas aprobado por el propio Congreso el pasado 13 de abril de 2021 con la única abstención de los congresistas de Vox. Pese a la luz verde del Parlamento, desde la aprobación del proyecto se ha prorrogado en varias ocasiones y sin aparente justificación el período para la presentación de enmiendas al texto aprobado impidiendo de esta forma que pueda concluir el procedimiento parlamentario necesario para que el proyecto se convierta en una verdadera ley que pueda desplegar efectos. Por otra parte, la aprobación de la norma y la creación del fondo ha provocado un enfrentamiento público entre los socios de gobierno después de que Unidas Podemos acusara al PSOE a través de unas declaraciones de Pilar Garrido, secretaria general de Podemos Euskadi, de ser « el único obstáculo para la aprobación» de la ley y de actuar «por motivos económicos».
Del infradiagnóstico al olvido institucional
Desde AVAAC , una de las entidades con mayor protagonismo en la organización y convocatoria de la protesta, califican de «desesperante y vergonzosa» la situación vivida en relación con la aprobación de un fondo de compensación que permita al Estado español seguir los pasos de otros países comunitarios como Bélgica, Holanda o, especialmente, Francia, que disponen de mecanismos públicos para indemnizar a las personas afectadas. En el caso de Francia, por ejemplo, el conocido como FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes del Amiante) está instaurado desde el año 2001, apenas un año después de que el amianto fuera prohibido en el conjunto de la UE por su peligrosidad, con la excepción de España que solicitó una moratoria por no aplicar la prohibición hasta 2002. «En Francia -explican miembros de AVAAC- existe un mecanismo de diagnóstico automático para las personas afectadas que les permite acceder a la compensación correspondiente en el plazo máximo de 6 meses, sin necesidad de recurrir a los juzgados como, desgraciadamente, es necesario hacer casi siempre en España para ver reconocidos nuestros derechos».
Precisamente, la diagnosis de enfermedades causadas por el amianto y el hecho de que España se sitúe en la cola de la UE en cuanto al reconocimiento de casos de afectación por este mineral empleado durante décadas en la construcción y en la industria es otra de las razones que impulsan a AVAAC a participar en las concentraciones de protesta. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el período comprendido desde el año 1998, en España han muerto 7000 personas como consecuencia de la inhalación de fibras de amianto, pero desde AVAAC consideran este dato «terriblemente erróneo y absolutamente alejado de la realidad». En este sentido, recuerdan que diferentes estudios cifran en 1900 nuevos casos anuales de patologías provocadas por la exposición al asbesto, incluidas diversas formas de cáncer como el de pulmón y pleura, entre otros. Así, por ejemplo, el catedrático de la Universidad de Granada Alfredo Menéndez estima que sólo el 9% de los hombres que fallecieron en todo el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos de origen profesional. En el caso del cáncer broncopulmonar derivado del amianto, este porcentaje se reduce hasta el 0,44%. La situación es aún más acusada entre las mujeres, con tan sólo un 0,9% de fallecidas por mesotelioma y un 0,05% de fallecidas por cáncer broncopulmonar derivados de las exposición laboral al amianto reconocidas.
Resolución del Parlamento europeo
Esta situación de falta de reconocimiento y compensación sufrida por las víctimas del amianto ha sido objeto de reproche por parte del Parlamento Europeo mediante una resolución aprobada el pasado 20 de octubre donde se insta a los estados miembros ya la Comisión Europea a garantizar reconocimiento y reparación para las víctimas y sus familias y superar un escenario actual en el que "muchos casos de enfermedades relacionadas con el amianto demasiado a menudo no se reconocen como una enfermedad profesional y, por tanto, las víctimas no pueden optar a indemnizaciones". Una problemática que no se limita al ámbito laboral, tal y como admite la resolución del Parlamento europeo cuando afirma que "según estudios recientes, la exposición no profesional al amianto podría explicar alrededor del 20% de los casos de mesotelioma [cáncer de pleura sin tasa de supervivencia] en los países industrializados" lo que debería comportar una mayor concienciación respecto "a la existencia de diferentes tipos de exposición no profesional al amianto con repercusiones potencialmente significativas para la salud humana, ya sea de origen paraprofesional (como la exposición al polvo de amianto que los trabajadores lleven a su domicilio involuntariamente), doméstico (debido, en particular, a los objetos domésticos que contienen amianto) o medioambiental (incluyendo materiales existentes en edificios y instalaciones o de origen industrial)".
«Esta resolución del Parlamento Europeo evidencia que en España, desgraciadamente, no existe la menor voluntad de apoyar a las personas que han sufrido, sufren y sufrirán las consecuencias de verse expuestas al amianto en su puesto de trabajo o en su casa» lamentan desde AVAAC, que recuerda que la UE estima que «el amianto será responsable de más de 60.000 defunciones en España hasta llegar al 2040». Y la problemática, recuerda AVAAC, no abarca sólo la creación del fondo de compensación. Desde que el pasado mes de junio en un encuentro mantenido con miembros de AVAAC y abogadas del Colectivo Ronda José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Borja Suárez, Director General de Ordenación de la Seguridad Social aceptaran el compromiso de impulsar "de forma inmediata" el acceso anticipado a la jubilación por los trabajadores y trabajadoras que han estado expuestos al amianto en su puesto de trabajo, la iniciativa tampoco ha pasado de ser una mera declaración sin posterior desarrollo.
«Mientras Europa reclama ambición a la hora de afrontar el enorme problema de salud pública que supone el uso masivo que se ha hecho del amianto en la industria y la presencia de millones de toneladas de este material en los nuestros entornos urbanos, en España vemos como una y otra vez existe un interés evidente en no reconocer el mal causado a los trabajadores, sus familias y la población de ciudades como Cerdanyola o Castelldefels que han acogido grandes instalaciones en las que se utilizaba este material. Cuando las recomendaciones de la UE van en otro sentido, por ejemplo a la hora de limitar los presupuestos destinados a políticas sociales, el Estado español se muestra mucho más diligente en cumplir con lo que se le pide», afirman en AVAAC.
En Col·lectiu Ronda, que lucha desde la década de los 70 por el reconocimiento de las víctimas del amianto, se considera «inaplazable ni siquiera por un día más» la creación de dicho fondo público de compensación. Un fondo que debe impedir «seguir obligando a las víctimas del amianto y sus familias a hacer frente a procedimientos judiciales para determinar la responsabilidad sobre sus enfermedades y acceder a las prestaciones e indemnizaciones que les corresponden». En este sentido, recuerdan que los tribunales están haciendo lo que correspondería hacer a la Administración que es «proteger a las víctimas ante la voluntad de la propia administración de ocultar e ignorar el drama del amianto y los miles de vidas perdidas o rotas para siempre que ha provocado el incumplimiento durante décadas de las medidas de prevención y seguridad relacionadas con la exposición al amianto. Hay que compensar a las víctimas de forma urgente, especialmente ahora que empresas como URALITA, condenada en reiteradas ocasiones por unos incumplimientos que han costado la vida a tantas personas, pretenden rehuir su responsabilidad declarándose en situación de concurso de acreedores».
