Los vecinos de Porta Nord, una promoción de 168 viviendas de alquiler asequible en L'Hospitalet de Llobregat impulsada por la Obra Social de La Caixa, denuncian que en la renovación de su contrato ha desaparecido la cláusula que les permitía adquirir en propiedad el piso que ocupan
El pasado 24 de enero de 2014, el Teatro Joventut de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acogió la ceremonia de entrega de las llaves de 168 viviendas del proyecto Porta Nord. Un acto presidido por la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín al que asistió también Jaime Lanaspa, director general de la Fundación La Caixa, principal promotora de un proyecto que, en palabras de la propia Marín, constituía «una de las actuaciones urbanísticas más importantes que se hayan desarrollado en la ciudad».
Porta Nord es una promoción de viviendas de alquiler de protección oficial que fueron adjudicados por sorteo entre las más de 2300 personas que cumplían los requisitos de renta exigidos y presentaron su solicitud. En su momento, a los inquilinos se les ofreció la posibilidad de firmar un contrato de alquiler por 5 años que se renovaría con un segundo contrato también por un período de 5 años en caso de que se continuaran satisfaciendo los requisitos exigidos. Transcurrido este tiempo, y tal y como se especificaba en el contrato originalmente firmado, los inquilinos tendrían la posibilidad de acceder a la compra de la vivienda que venían ocupando.
Sin embargo, la vecindad denuncia que llegado el momento de renovar su contrato y firmar por un nuevo período de 5 años, esta cláusula desapareció del redactado del nuevo contrato que se les ofreció, sin ser advertidos de esta circunstancia y sin que los inquilinos pudieran acceder al contenido del contrato con anterioridad al momento señalado para la firma ni oponerse a los nuevos términos impuestos por la Obra Social la Caixa.
Oscar Serrano, abogado de Colectivo Ronda que asesora a los vecinos afectados en el conflicto que les enfrenta con Fundación Obra Social la Caixa, considera que esta forma de proceder constituye un «grave e injustificado incumplimiento» por parte de la entidad financiera y un «rotura ilícita de la legítima expectativa» de los inquilinos de Porta Nord, que se muestran dispuestos a acudir a los tribunales para defender sus derechos vulnerados.
