La creación del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto acumula ya dos años de retraso, una situación de indefensión insoportable para las víctimas, especialmente las vinculadas a Uralita, en concurso de acreedores.
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Cada día que pasa, más personas se convierten en víctimas del amianto en todo el Estado. En el preámbulo de la Ley 21/2022 ya se afirmaba que «entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos» de enfermedades relacionadas con este material, incluyendo «alrededor de 700 mesoteliomas de media al año». Estas cifras se complementan de forma escalofriante con la previsión de la UE de que, antes de 2040, medio millón de personas morirán en el territorio comunitario por inhalación de fibras de amianto, de las cuales al menos 60.000 serán ciudadanos del Estado español. Estos datos contrastan con las prácticas del INSS y su falta de reconocimiento hacia las víctimas, especialmente en lo referente al origen laboral de la exposición al amianto. Por ejemplo, en 2018 solo se reconocieron 20 casos de mesotelioma de origen profesional. Nada que ver con los 700 casos estimados anualmente, y muy lejos de lo que los juzgados admiten año tras año como enfermedades profesionales, obligando al INSS a rectificar su restrictivo criterio.
Evitar la necesidad de acudir a los juzgados
Precisamente, una de las razones para impulsar la creación del Fondo de Compensación era evitar que las víctimas tuvieran que acudir a los juzgados para reclamar sus derechos. En el preámbulo de la norma se afirma que el Fondo debe servir para que las víctimas no «tengan que luchar en los juzgados para reclamar sus derechos frente a los organismos de la Seguridad Social y las mutuas» y se recuerda que «los trabajadores afectados y sus familiares se ven abocados a un proceso judicial que supone un importante coste económico para las familias, o para las viudas y viudos que, percibiendo pensiones mínimas, además deben asumir este coste».
Además, la creación del Fondo de Compensación se ha vuelto más necesaria que nunca tras la declaración de concurso voluntario de acreedores de la histórica URALITA, principal importador de amianto en el Estado y mayor fabricante de productos derivados del fibrocemento, el 30 de enero de 2020. Esto ha dificultado de forma extrema que las personas afectadas por la falta de diligencia y medidas de seguridad de la empresa puedan acceder a las indemnizaciones reconocidas judicialmente. Una situación frente a la que la propia norma enfatizaba la necesidad de proteger los intereses de las víctimas, afirmando que «muchas de estas empresas han podido sufrir, con el paso del tiempo, reconversiones, escisiones, absorciones, cambios de denominación o traslados de actividades, que además pueden dificultar enormemente la identificación de quién es actualmente responsable de la que fue, en su momento, empleadora del trabajador, o de su actual sucesora. Esto implica para los afectados y sus familias una labor detectivesca y un enorme esfuerzo para identificar a la empresa responsable, lo que muchas veces impide reclamar y deja al afectado sin compensación pese al daño sufrido en su salud».
Dos años de vergüenza
Desde hace dos años, la Ley de creación del Fondo de Compensación para las víctimas del amianto permanece en el olvido, inútil e inactiva debido a la falta de un desarrollo reglamentario que permita su aplicación. Dos años en los que el legislativo ha mostrado indiferencia hacia los objetivos explicitados en el preámbulo de la norma, agravando aún más la situación de todas las personas que han enfermado o perdido la vida por la exposición al amianto, a menudo como consecuencia directa de haber trabajado en contacto con este material sin medidas de prevención y seguridad por parte de las empresas. Una vez más, se castiga a las personas cuyas vidas han sido destruidas por el amianto. Nuevamente, la promesa de compensar por todo el daño sufrido se convierte en un compromiso incumplido, renovando la condena de tener que luchar en los tribunales para obtener reconocimiento de derechos y prestaciones, enfrentándose a mutuas, empresas y la propia administración.
Dos años de retraso y aún ninguna noticia sobre cuándo, por fin, existirá un Fondo para compensar a las víctimas.
