Las plantillas de los centros SPE Nur (Igualada) y SPE Meraki (Sant Iscle de Vallalta), dedicados al servicio de acogida de urgencia de jóvenes migrados sin referentes adultos en el territorio, se movilizan contra la decisión de la empresa EDUVIC , responsable de la gestión de ambos equipamientos, de cerrar desde el pasado 26 y 28 de febrero los dos centros y despedir las 36 personas que prestaban servicio.
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El pasado 15 de febrero, la dirección de EDUVIC, empresa sin ánimo de lucro especializada en la gestión de proyectos educativos y de acogida dirigidos a jóvenes y niños, comunicó a las plantillas de los centros SPE Nur (de Igualada) y SPE Meraki (Sant Iscle de Vallalta) el inicio de un procedimiento de despido colectivo que pretende concluir con la extinción del contrato de las 36 personas que trabajaban en estos centros, clausurados desde el fin de semana del 26 al 28 de febrero.
La empresa, que a estas alturas no ha ofrecido la posibilidad de recolocaciones ni indemnizaciones que vayan más allá del mínimo legalmente previsto, argumenta la necesidad del cierre en «la infraocupación» de los centros como consecuencia «de la reducción en la acogida de menores no acompañados debido a la situación de pandemia de Covid-19 ».
Situación coyuntural
Anna Huertos, abogada de Colectivo Ronda, forma parte del equipo que asesora a la plantilla de los centros en este proceso negociador junto con el letrado Josep Lluís Cots Buzón, asesor de la plantilla del centro Nur. La abogada lamenta «una decisión que supone la pérdida directa de 36 puestos de trabajo que pueden llegar a ser un total de 50 si tomamos en consideración el personal externo a Eduvic que también presta servicios en los centros que se quiere cerrar como, por ejemplo, el servicio de limpieza o seguridad». La abogada recuerda que es la propia Eduvic en la memoria explicativa aportada al proceso la que vincula inequívocamente los despidos con el descenso en el número de jóvenes migrados sin referentes adultos en el territorio que llegan a Cataluña como consecuencia del cierre de fronteras provocado por la expansión de la Covid-19. «En este sentido -analiza Huertos- es evidente que la empresa está ignorando los numerosos mecanismos legales que tiene a su alcance para responder con medidas temporales a una necesidad coyuntural y pasajera de adecuación de los recursos disponibles a sus necesidades. Es para situaciones como ésta que existen los ERTE o la posibilidad de instar reducciones de jornada como alternativas para salvaguardar los puestos de trabajo, pero la empresa hasta ahora no plantea nada que no sean despidos a bajo coste a pesar del crecimiento exponencial de su actividad en los últimos años. Sólo hay que pensar que el año 2016, Eduvic gestionaba centros con una capacidad total para 65 menores mientras que en el año 2019, los jóvenes acogidos en las diferentes instalaciones de la empresa ya eran 419 ».
Las plantillas afectadas critican una forma de proceder por parte de Eduvic que ha recibido el visto bueno de la dirección de la DGAIA y del Departamento de Asuntos Sociales «sin valorar el impacto sobre la estabilidad emocional y el bienestar de los jóvenes acogidos en los centros que se quiere cerrar, ya bastante amenazada por su situación particular y el contexto general que estamos viviendo. Centros como Nur y Meraki se responsabilizan de una parte absolutamente esencial del proceso de acogida e integración de estos jóvenes en nuestro país como es la primera atención. Una fase en la que se puede valorar de forma más precisa las necesidades reales del menor y cuáles son los elementos del resto de servicios comunitarios que mejor pueden satisfacerlas. No tiene ningún sentido desmantelar una parte de este sistema de protección social sólo porque la pandemia ha ralentizado el ritmo de llegada a nuestra tierra de jóvenes vulnerables, especialmente cuando en el pasado reciente hemos podido comprobar la insuficiencia de nuestra capacidad de acogida e integración, con los problemas que ello conlleva».
