Cirugía estética y mala práctica médica: ¿cómo reclamar?


El aumento del número de cirugías estéticas que se realizan anualmente va acompañado de un incremento en paralelo de los casos en que estas intervenciones terminan provocando complicaciones médicas que pueden acabar siendo graves. ¿En qué casos tenemos derecho a reclamar por los perjuicios?

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Anualmente, en el Estado español se realizan más de 200.000 intervenciones de cirugía estética tan sólo en el sector privado, sin tener en cuenta las cirugías reparadoras que se realizan en la sanidad pública. En su gran mayoría -alrededor del 85%- las personas que se someten son mujeres, con especial protagonismo para las intervenciones de aumento de mamas y de liposucción.

Desgraciadamente, en paralelo al crecimiento exponencial del número de cirugías estéticas que se realizan, también están aumentando los casos en los que estas intervenciones no consiguen los resultados deseados o, incluso, conllevan consecuencias físicas absolutamente indeseadas y de riesgo para la salud de las pacientes. Una situación a la que, con toda seguridad, no resulta ajeno el hecho de que que, según la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica y Reparadora (Sccpre), alrededor del 50% de las cirugías estéticas son realizadas por médicos que no son cirujanos plásticos especializados, lo que incrementa los riesgos de complicaciones graves o resultados insatisfactorios. Además, el 90% de los cirujanos plásticos en Cataluña afirman haber tenido que intervenir para corregir cirujías fallidas realizadas por profesionales sin la adecuada formación.

¿Cuándo hay mala praxis?

En estos casos, es fundamental entender cuándo podemos hablar de mala praxis médica. La mala práctica ocurre cuando un médico no sigue lo que se denomina Lex Artis, es decir, los estándares profesionales de su especialidad y la diligencia propia de la profesión. Este incumplimiento puede derivar en daños al paciente que eran previsibles y evitables si el profesional hubiera actuado de acuerdo a estos estándares. Sin embargo, hay situaciones en las que, a pesar de seguir los procedimientos adecuados, el médico no puede evitar un resultado adverso. Un ejemplo podría ser una complicación quirúrgica imprevista que surge incluso cuando se siguieron todos los pasos correctos. Cuando se actúa con diligencia y atendiendo a los procedimientos adecuados, no existe responsabilidad legal pero, en cambio, la falta de seguimiento de estos procedimientos o de diligencia, generan una responsabilidad y el derecho a ser debidamente compensado por parte de quien sufre consecuencias. También existe responsabilidad cuando el profesional médico incumple el deber de ofrecer con antelación información clara y suficiente sobre las características y, sobre todo, los riesgos del tratamiento a seguir, de tal forma que el consentimiento del paciente sea debidamente informado.

Compensación por los daños

Cuando un paciente ha sido víctima de mala praxis, tiene derecho a reclamar y recibir compensación por los daños sufridos. Esto incluye el coste de tratamientos adicionales, la pérdida de ingresos económicos a causa de la incapacidad para trabajar y el sufrimiento físico o emocional que pueda derivarse.

Para presentar una reclamación, es necesario recopilar documentación que apoye la tesis de la mala práctica tales como registros detallados del tratamiento, historial médico, informes de otros profesionales que confirmen el daño, facturas de los gastos generados y todo aquello que pueda acreditar el perjuicio sufrido. Además, un peritaje médico es esencial para comparar las acciones del médico con los estándares profesionales y determinar si hubo negligencia. Si el perito concluye que el médico no actuó de acuerdo a los estándares aceptados, la reclamación por mala praxis tiene mucha más solidez.

En resumen, los pacientes que sufran daños a causa de una mala praxis médica tienen derecho a reclamar, pero es esencial contar con pruebas adecuadas para demostrar que el médico no actuó de acuerdo a los estándares esperados en su especialidad. Este proceso puede resultar complejo pero permite a los pacientes reclamar por los derechos vulnerados y obtener una compensación por los perjuicios sufridos.

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Anualmente, en el Estado español se realizan más de 200.000 intervenciones de cirugía estética tan sólo en el sector privado, sin tener en cuenta las cirugías reparadoras que se realizan en la sanidad pública. En su gran mayoría -alrededor del 85%- las personas que se someten son mujeres, con especial protagonismo para las intervenciones de aumento de mamas y de liposucción.

Desgraciadamente, en paralelo al crecimiento exponencial del número de cirugías estéticas que se realizan, también están aumentando los casos en los que estas intervenciones no consiguen los resultados deseados o, incluso, conllevan consecuencias físicas absolutamente indeseadas y de riesgo para la salud de las pacientes. Una situación a la que, con toda seguridad, no resulta ajeno el hecho de que que, según la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica y Reparadora (Sccpre), alrededor del 50% de las cirugías estéticas son realizadas por médicos que no son cirujanos plásticos especializados, lo que incrementa los riesgos de complicaciones graves o resultados insatisfactorios. Además, el 90% de los cirujanos plásticos en Cataluña afirman haber tenido que intervenir para corregir cirujías fallidas realizadas por profesionales sin la adecuada formación.

¿Cuándo hay mala praxis?

En estos casos, es fundamental entender cuándo podemos hablar de mala praxis médica. La mala práctica ocurre cuando un médico no sigue lo que se denomina Lex Artis, es decir, los estándares profesionales de su especialidad y la diligencia propia de la profesión. Este incumplimiento puede derivar en daños al paciente que eran previsibles y evitables si el profesional hubiera actuado de acuerdo a estos estándares. Sin embargo, hay situaciones en las que, a pesar de seguir los procedimientos adecuados, el médico no puede evitar un resultado adverso. Un ejemplo podría ser una complicación quirúrgica imprevista que surge incluso cuando se siguieron todos los pasos correctos. Cuando se actúa con diligencia y atendiendo a los procedimientos adecuados, no existe responsabilidad legal pero, en cambio, la falta de seguimiento de estos procedimientos o de diligencia, generan una responsabilidad y el derecho a ser debidamente compensado por parte de quien sufre consecuencias. También existe responsabilidad cuando el profesional médico incumple el deber de ofrecer con antelación información clara y suficiente sobre las características y, sobre todo, los riesgos del tratamiento a seguir, de tal forma que el consentimiento del paciente sea debidamente informado.

Compensación por los daños

Cuando un paciente ha sido víctima de mala praxis, tiene derecho a reclamar y recibir compensación por los daños sufridos. Esto incluye el coste de tratamientos adicionales, la pérdida de ingresos económicos a causa de la incapacidad para trabajar y el sufrimiento físico o emocional que pueda derivarse.

Para presentar una reclamación, es necesario recopilar documentación que apoye la tesis de la mala práctica tales como registros detallados del tratamiento, historial médico, informes de otros profesionales que confirmen el daño, facturas de los gastos generados y todo aquello que pueda acreditar el perjuicio sufrido. Además, un peritaje médico es esencial para comparar las acciones del médico con los estándares profesionales y determinar si hubo negligencia. Si el perito concluye que el médico no actuó de acuerdo a los estándares aceptados, la reclamación por mala praxis tiene mucha más solidez.

En resumen, los pacientes que sufran daños a causa de una mala praxis médica tienen derecho a reclamar, pero es esencial contar con pruebas adecuadas para demostrar que el médico no actuó de acuerdo a los estándares esperados en su especialidad. Este proceso puede resultar complejo pero permite a los pacientes reclamar por los derechos vulnerados y obtener una compensación por los perjuicios sufridos.