Los peritos del Banco de España vuelven a poner en duda las cuentas de Banco Popular
Finalmente se ha dado a conocer el contenido del esperadísimo informe de los peritos del Banco de España aportado en el marco de la investigación que se desarrolla en la Audiencia Nacional para dirimir las causas y las posibles responsabilidades en relación a la crisis y resolución de Banco Popular.
De las conclusiones que se pueden extraer de un primer análisis del voluminoso informe, lo primero a destacar es que, una vez más, consta acreditado que la imagen de solvencia de la entidad que se trasladó a la opinión pública, especialmente con motivo de la ampliación de capital de mayo y junio de 2016, poco o nada tenía que ver con la verdadera situación económica de la entidad. Una información que puede ser de vital ayuda para los más de 300.000 accionistas, bonistas y preferentistas que vieron desaparecer en su totalidad el valor de sus inversiones tras la intervención de Banco Popular y posterior venta a Banco Santander.
Los peritos consideran que las cuentas anuales que aparecían reflejadas en el folleto de la ampliación de capital que se facilitó a los clientes se realizaron sin respetar aspectos fundamentales de la normativa contable y, por tanto, no trasladaban la verdadera situación del banco. Además de estos incumplimientos contables, los autores del informe aseguran que Banco Popular no clasificó correctamente los créditos de su cartera en riesgo de impago ni realizó una correcta valoración de activos. En ambos casos estamos ante incumplimientos de gran trascendencia pues afectan radicalmente a la valoración global de las cuentas de la entidad e impedían ponderar la auténtica solvencia y solidez de su situación financiera, contaminando invariablemente cualquier decisión de inversión que pudiera hacerse.
Centrando su examen en la problemática ampliación de capital de mayo y junio de 2016, los expertos del Banco de España consideran que la cifra de 2500 millones de euros que la entidad pretendía conseguir -las peticiones de compra por parte de los clientes superaron los 3400 millones-no era cantidad suficiente, tal y como se decía en el folleto, para «normalizar la actividad» de la entidad con la voluntad de «reforzar fortalezas y la rentabilidad, y reducir el coste riesgo” y «acelerar la vuelta a una política de dividendos en efectivo normalizada a partir de 2017». Del contenido del informe se desprende que, en realidad, la cantidad que se hubiera necesitado para alcanzar estos objetivos era mucho mayor que la declarada, ocultándose la verdadera cifra a través de las ilícitas maniobras contables y financieras anteriormente descritas.
Aval a las demandas de los accionistas
Las conclusiones del informe del Banco de España trasladas a la Audiencia Nacional representan un nuevo e importante espaldarazo a las demandas interpuestas por miles de accionistas, especialmente los que adquirieron sus acciones a través de la ampliación de capital de 2016. La tesis de los peritos refuerza la idea ya recogida en numerosas sentencias judiciales de que los accionistas no tenían forma de conocer la verdadera situación de un banco que menos de un años después de concluir exitosamente una importante ampliación de capital se encontraba en situación de inviabilidad y era vendido a Banco Santander al precio simbólico de un euro, dilapidando completamente el valor de las inversiones. Se trata pues, de unas inversiones realizadas a través de un verdadero engaño en el que los adquirientes de acciones no podían ser conscientes del riesgo que asumían, creyendo que adquirían acciones de una entidad solvente y con buenas perspectivas de futuro. Así es como lo recoge, por ejemplo, una importante sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona dictada a instancias de nuestro despacho en marzo de este mismo año que impone la nulidad de una operación de compra de acciones de Banco Popular -y, por tanto, la devolución del dinero invertido- al considerar que “la situación financiera que se reflejaba en el folleto informativo no se correspondía con la situación económica financiera real” de la entidad y reflexiona que “que si los datos económicos recogidos en el folleto no hubieran contenido las graves inexactitudes que afirma la sentencia recurrida, la información difundida a través de la publicación de tal folleto y los comentarios que el mismo hubiera suscitado en diversos ámbitos, habrían disuadido de realizar la inversión a pequeños inversores como los demandantes”.
La coincidencia, una vez más, entre las conclusiones de los peritos que han analizado las cuentas de Banco Popular y el criterio de la judicatura no hace sino reforzar la postura de los cientos de miles de pequeños inversores afectados que depositaron su confianza y ahorros en una entidad que aparentaba estar saneada cuando, en realidad, su viabilidad era más que dudosa. El informe del Banco de España que ya está sobre la mesa del juez Fernando Andreu aporta nuevos indicios respecto a la inexactitud y falsedad de la información proporcionada a los inversores, allanando el camino para las demandas interpuestas para recuperar el valor de lo invertido y conseguir la nulidad de unas operaciones de compra de acciones que se fundamentaron en el engaño.
