Moción pionera
El Pleno del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat ha aprobado por unanimidad una moción pionera que insta al Consistorio, entre otras medidas, a “poner en marcha un plan de acción para identificar y retirar el amianto que pueda estar instalado en los edificios municipales”.
El Prat de Llobregat se ha convertido en una ciudad pionera en Cataluña en la lucha contra la presencia de amianto en entornos domésticos y urbanos después de aprobar por unanimidad una moción que insta al Ayuntamiento a elaborar un censo de instalaciones con presencia de este material potencialmente cancerígeno e impulsar un plan de actuación para proceder a la retirada del amianto de todos los edificios públicos de la ciudad.
La moción aprobada solicita al Ayuntamiento la adhesión de El Prat de Llobregat a la denominada “iniciativa amianto cero en Europa”, impulsada por organizaciones políticas y sociales de toda Europa para exigir que se active de forma efectiva la serie de medidas que el Parlamento Europeo trasladó a los estados miembros de la UE en marzo de 2013 con el objetivo de avanzar hacia una Europa depurada de la presencia de amianto en espacios públicos y el pleno reconocimiento de las víctimas.
Resolución del Parlamento Europeo
El 91% de los parlamentarios europeos aprobó el 14 de marzo de 2013 una resolución con el nombre de “Riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente”, que propugnaba la creación por los estados miembros de la UE de mapas detallados que señalasen la presencia de amianto en espacios públicos y privados y la puesta en marcha de planes de acción para eliminarlo completamente antes de 2028, siguiendo el ejemplo de Polonia. La misma resolución también reconocía la necesidad de crear fondos de compensación para las víctimas que se nutriesen con dinero procedente de las empresas responsables de las muertes y enfermedades causadas por el amianto, tal y como sucede en Francia, donde las personas afectadas reciben las correspondientes indemnizaciones y prestaciones sin necesidad de recurrir a la vía judicial, como, desgraciadamente, sigue sucediendo en el Estado español. De hecho, pese a que España ha sido uno de los principales importadores de este material, prohibido desde el año 2002 por su extrema peligrosidad para la salud, el Estado no ha impulsado ninguna de estas medidas, a pesar de que se prevé que el amianto será el causante directo de al menos 60.000 muertes en el territorio español antes de 2040 y de 500.000 defunciones en toda la UE.
Mociones en otros ayuntamientos
La Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña, impulsora de la moción, pretende que después de ser aprobada en el Ayuntamiento de su ciudad, la iniciativa prospere en otros municipios catalanes. Para José Luis Gómez, uno de los portavoces de la Asociación, mociones como la aprobada en El Prat “han de contribuir a poner remedio a una situación de grave riesgo para la salud pública ante la que no hay margen para la inacción de las distintas Administraciones en sus respectivos ámbitos de competencia. Miles de personas, especialmente trabajadores expuestos al amianto en su puesto de trabajo, han muerto como consecuencia de este material, y son las propias autoridades europeas las que admiten que medio millón de personas fallecerán debido al asbesto. Y eso sin contabilizar los miles y miles de muertos que durante décadas han sido víctimas del amianto sin que nadie dejara constancia de ello ni se prohibiese un material que desde principios del siglo pasado se sabía que era potencialmente mortal”.
El caso de El Prat
La ciudad del Baix Llobregat es una de las localidades catalanas dramáticamente vinculadas al triste legado del amianto en nuestro país. En este caso, como consecuencia de la presencia en la ciudad de la fábrica de la antigua Jurid Ibérica, posteriormente rebautizada de forma sucesiva como Honeywell Fricción y Federal Mogul, nombre actual. El amianto fue un componente indispensable en los procesos productivos que se desarrollaron en las instalaciones de la fábrica desde el año 1952 y hasta la prohibición, en 2002, de su utilización. Durante este tiempo, miles de trabajadores se vieron expuestos de forma constante al amianto. Y según considera probado el Tribunal Supremo, a instancias del Colectivo Ronda, lo hicieron sin que la empresa adoptase las medidas de seguridad y de protección de la salud de los trabajadores que la normativa establecía. De hecho, en los últimos dos años los tribunales han condenado hasta 7 veces a la empresa por las muertes y enfermedades de personas que trabajaron en la fábrica.
La moción aprobada, que menciona el caso particular de los trabajadores de la antigua Jurid, también compromete al Ayuntamiento a apoyar las demandas de este colectivo de trabajadores que han sido víctimas del incumplimiento de la normativa laboral por parte de la empresa donde trabajaban.
Colectivo Ronda ofrece asesoramiento y apoyo a la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña.
