Los accionistas, bonistas y tenedores de preferentes o deuda subordinada de Banco Popular -sean personas físicas o jurídicas- tienen derecho a reclamar y recuperar el importe de las inversiones perdidas con la resolución de la entidad.
Más de 300.000 accionistas, bonistas y preferentistes de Banco Popular han perdido la totalidad de su inversión después de la resolución de la entidad y su posterior adquisición por parte del Santander. En la inmensa mayoría de casos, se trata de clientes minoristas que depositaron todos sus ahorros en estos productos guiándose por la relación de confianza que tenían con su banco de toda la vida.
A día de hoy, corresponde invitar a las personas afectadas a ejercer sus derechos como consumidores de productos financieros para recuperar el valor de su inversión, ya que son ya numerosas las sentencias que condenan Banco Popular por irregularidades en el proceso de comercialización de estos productos y falta de información. Informes emitidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por el Banco de España consideran que la cúpula directiva de Banco Popular falseó las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 para ofrecer una falsa imagen de solidez financiera de la entidad.
Esta falsedad avalaría la petición de nulidad de la adquisición de acciones, especialmente las que se emitieron con la ampliación de capital que Banco Popular hizo en 2016, ya que nos encontraríamos además ante la supuesta comisión de un delito de fraude contra los inversores.