Conseguir que se reconozca una incapacidad permanente derivada de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica sigue siendo un reto considerable para muchas personas afectadas. Tal como se ha evidenciado en diversas sentencias judiciales, el simple diagnóstico de fibromialgia, incluso cuando se presenta de forma severa, no es un pasaporte automático hacia el reconocimiento de la incapacidad permanente. Uno de los principales obstáculos radica en la legislación actual, donde la fibromialgia no aparece de forma específica como una patología susceptible de causar una invalidez, generando un déficit evidente a la hora de evaluar y reconocer el verdadero potencial incapacitante de esta enfermedad.
Una sentencia muy reciente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (STSJ ICAN 3766/2024) ilustra claramente esta dificultad, ya que la fibromialgia se valora dentro de un marco legal que no le otorga una categoría propia. Esta falta de consideración específica se traduce, por ejemplo, en el hecho de que el dolor crónico generalizado —síntoma cardinal de la fibromialgia según el documento de buenas prácticas, diagnóstico y tratamiento de la fibromialgia y la fatiga crónica editado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona— no se valora de manera directa por la legislación vigente.
A pesar de este panorama complejo, la obtención del reconocimiento de la incapacidad permanente no es una empresa imposible. La clave reside en una valoración individualizada y exhaustiva de cada caso, donde se acrediten mediante informes especializados del sistema público de salud las limitaciones funcionales severas que la enfermedad provoca, impidiendo por completo la realización de cualquier actividad laboral. La consideración cuidadosa de otras afecciones asociadas a la fibromialgia, como el dolor intenso, la fatiga extrema y el deterioro cognitivo, puede ser un factor determinante en la decisión judicial. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (STSJ CAT 7896/2024) es un ejemplo significativo, ya que otorgó una incapacidad permanente absoluta en un caso de "Síndrome de sensibilidad central en forma de fibromialgia grado 3 -severo-" agravada por un síndrome depresivo, con un cuadro funcional que incluía "dolor articular y muscular generalizado crónico, debilidad y fatiga importantes con agotamiento severo ante mínimos requerimientos físicos cotidianos, fatiga mental y deterioro cognitivo en tareas que exijan mínima atención y concentración".
En relación con los criterios de evaluación, se constata una diferencia notable en la sensibilidad y el enfoque entre los tribunales superiores de justicia de las distintas comunidades autónomas. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) parece mostrar un criterio menos restrictivo a la hora de valorar el impacto incapacitante de la fibromialgia en comparación con otros tribunales, como el de Canarias. Mientras que la sentencia dictada en Cataluña considera la fibromialgia severa como un elemento central y decisivo para la concesión de la incapacidad laboral total, la sentencia canaria la valora de forma más limitada, integrando sus consecuencias principalmente en la dimensión psicológica. Esta divergencia se refleja en el grado de discapacidad reconocido: un 19% en Canarias, donde la fibromialgia contribuye principalmente a través de un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo, en contraposición a la incapacidad permanente absoluta reconocida en Cataluña en un caso de fibromialgia severa.
La realidad de la enfermedad
La fibromialgia es un problema de salud que puede condicionar una discapacidad significativa en los pacientes más graves, con una sintomatología amplia que incluye dolor, cansancio y dificultades cognitivas. Esta realidad contrasta con la valoración más limitada que hacen algunos tribunales, determinada en gran medida por una legislación que no toma suficientemente en consideración la afectación sobre la vida y la capacidad laboral del dolor crónico generalizado y el conjunto de efectos tanto físicos como psicológicos asociados a esta enfermedad.
Por último, no podemos dejar de mencionar que la situación vivida con la fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica evidencia, una vez más, la deuda histórica que la Seguridad Social mantiene con la salud femenina y las carencias aún existentes para reconocer y abordar adecuadamente las patologías que, estadísticamente, afectan de forma mayoritaria a las mujeres. Este es el caso tanto de la fibromialgia como de la fatiga crónica que, en casi un 90% de los casos, afectan a mujeres. La falta de un reconocimiento adecuado y específico de estas enfermedades en la legislación actual representa, indiscutiblemente, una posible discriminación indirecta por razón de género. Así lo señala, precisamente, el voto particular disidente firmado por la magistrada Gloria Poyatos que acompaña la mencionada sentencia del TSJ de Canarias, en el que denuncia la existencia de una "laguna normativa" que afecta a enfermedades con esta prevalencia de género y reclama un enjuiciamiento que tenga en cuenta la perspectiva de género para asegurar una valoración justa y efectiva de estas patologías.
Así pues, aunque sea posible obtener sentencias que reconozcan la afectación sobre la capacidad laboral de la fibromialgia y la fatiga crónica, es necesario seguir exigiendo una revisión y actualización del marco legal para que refleje adecuadamente la realidad y el impacto incapacitante de estas enfermedades, evitando así una posible discriminación y garantizando una protección social adecuada para las personas afectadas.
