Demanda víctimas pasivas

Consideran a URALITA, S.A. responsable de los efectos sobre familiares de extrabajadores

Colectivo Ronda ha interpuesto una demanda judicial contra la empresa URALITA S.A. por un valor de 5.189.000 euros en representación de 14 personas residentes en los municipios de Cerdanyola y Ripollet afectadas por la inhalación del amianto procedente de las antiguas instalaciones de la multinacional.

 

Los tribunales del Estado español, incluyendo el Tribunal Supremo, ya hace mucho tiempo que han establecido con rotundidad y claridad que la empresa URALITA S.A. es directamente responsable de las gravísimas enfermedades, mortales en muchos casos, que afectan a extrabajadores de sus antiguas instalaciones en localidades como Cerdanyola o Castelldefels. Numerosas sentencias condenan a la multinacional por el reiterado incumplimiento de la normativa de protección de la salud y por la falta de medidas de seguridad para proteger la integridad física de sus trabajadores, imponiendo a URALITA el pago de importantes indemnizaciones y a hacer frente al importe de los correspondientes recargos sobre las prestaciones causadas por estas enfermedades.

La lucha de los pasivos

Actualmente comienza a existir también una sólida jurisprudencia que hace responsable igualmente a URALITA S.A. de las enfermedades que afectan no solo a los extrabajadores, sino también a las llamadas víctimas pasivas del amianto, especialmente familiares de extrabajadores que han entrado en contacto con el amianto, por ejemplo a través de las fibras impregnadas en la ropa de trabajo de sus parientes, así como gente que paga con la salud el hecho de haber sido vecinos y vivir o trabajar en un radio de 2 kilómetros respecto a las fábricas donde algunas empresas conseguían multimillonarios beneficios a costa de la salud de los demás.

La normativa establecía con claridad que en los casos de centros productivos donde hubiese manipulación de amianto, la empresa tenía que hacerse cargo de la limpieza de esa ropa. Una tarea que, además, debía recaer de forma inexcusable en personal de la propia compañía debidamente formado. Yendo más allá, el reglamento también incluía otras medidas destinadas a minimizar el riesgo que la ropa impregnada de fibras de amianto podía suponer para los trabajadores y trabajadoras de su alrededor, como por ejemplo la obligación de disponer de dos taquillas diferentes de forma que la ropa de calle nunca pudiese quedar expuesta al amianto.

Desgraciadamente, esta reglamentación fue objeto de reiterado incumplimiento por parte de URALITA S.A., que obligaba a sus empleados a limpiar esa ropa en casa. Es así como, sin saberlo, los extrabajadores de URALITA ponían en peligro su vida y la de sus familiares, especialmente mujeres que se encargaban de forma totalmente gratuita de una tarea de limpieza que requería formación específica y que, dado el riesgo que conllevaba, era responsabilidad exclusiva de la propia empresa.

Sentencia reciente

El pasado mes de diciembre de 2015, el Juzgado de Primera Instancia 96 de Madrid dictaba, a instancias del Colectivo Ronda, una sentencia que consideraba probado que esa ropa contaminada era el origen de las patologías relacionadas con el amianto —asbestosis y mesotelioma maligno— que habían provocado la muerte de 4 mujeres vinculadas familiarmente con trabajadores de URALITA y expuestas a las fibras de asbesto mientras se encargaban de la limpieza de la ropa de trabajo de sus parejas.

En esa ocasión, tal y como ahora reclamamos de nuevo, la sentencia establecía el pago de una indemnización de 700.000 € para los familiares de esas víctimas domésticas del amianto, desestimando la pretensión de URALITA de considerar prescritos los hechos.

Cerdanyola, zona cero del amianto

La demanda que se interpone el próximo lunes exige el pago de 5.189.000 euros a 14 personas de Cerdanyola y Ripollet afectadas por mesoteliomas, una forma de cáncer que afecta al pulmón y que tiene como único origen posible la exposición al amianto. Trece de estas personas convivieron en el domicilio familiar con extrabajadores de URALITA, mientras que una de ellas también sufre los efectos de la inhalación del amianto a pesar no tener ninguna vinculación profesional o familiar con la histórica fábrica de Cerdanyola, ciudad donde, junto con la vecina localidad de Ripollet, más de 900 personas han sido diagnosticadas de diferentes enfermedades relacionadas con la exposición al amianto.

El Colectivo Ronda y la lucha contra el amianto

Desde hace más de tres décadas, los abogados, abogadas y técnicos del Colectivo Ronda trabajan en defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto y denunciando la falta de medidas efectivas de protección que muy a menudo han sufrido los hombres y mujeres que han trabajado en contacto con este peligroso material, prohibido a día de hoy en el territorio de la Unión Europea.

Nuestro compromiso con las personas que han muerto o tienen la salud deteriorada a causa del amianto y los materiales derivados del mismo nos ha llevado a constituir la Plataforma Estatal de Asesoramiento Jurídico a los Afectados del Amianto, una organización que trabaja para informar sobre los peligros todavía vigentes del asbesto y que vela por defender los derechos de las personas que sufren sus efectos.

Consideran a URALITA, S.A. responsable de los efectos sobre familiares de extrabajadores

Fàbrica de l'antiga Uralita a Cerdanyola

Los tribunales del Estado español, incluyendo el Tribunal Supremo, ya hace mucho tiempo que han establecido con rotundidad y claridad que la empresa URALITA S.A. es directamente responsable de las gravísimas enfermedades, mortales en muchos casos, que afectan a extrabajadores de sus antiguas instalaciones en localidades como Cerdanyola o Castelldefels. Numerosas sentencias condenan a la multinacional por el reiterado incumplimiento de la normativa de protección de la salud y por la falta de medidas de seguridad para proteger la integridad física de sus trabajadores, imponiendo a URALITA el pago de importantes indemnizaciones y a hacer frente al importe de los correspondientes recargos sobre las prestaciones causadas por estas enfermedades.

La lucha de los pasivos

Actualmente comienza a existir también una sólida jurisprudencia que hace responsable igualmente a URALITA S.A. de las enfermedades que afectan no solo a los extrabajadores, sino también a las llamadas víctimas pasivas del amianto, especialmente familiares de extrabajadores que han entrado en contacto con el amianto, por ejemplo a través de las fibras impregnadas en la ropa de trabajo de sus parientes, así como gente que paga con la salud el hecho de haber sido vecinos y vivir o trabajar en un radio de 2 kilómetros respecto a las fábricas donde algunas empresas conseguían multimillonarios beneficios a costa de la salud de los demás.

La normativa establecía con claridad que en los casos de centros productivos donde hubiese manipulación de amianto, la empresa tenía que hacerse cargo de la limpieza de esa ropa. Una tarea que, además, debía recaer de forma inexcusable en personal de la propia compañía debidamente formado. Yendo más allá, el reglamento también incluía otras medidas destinadas a minimizar el riesgo que la ropa impregnada de fibras de amianto podía suponer para los trabajadores y trabajadoras de su alrededor, como por ejemplo la obligación de disponer de dos taquillas diferentes de forma que la ropa de calle nunca pudiese quedar expuesta al amianto.

Desgraciadamente, esta reglamentación fue objeto de reiterado incumplimiento por parte de URALITA S.A., que obligaba a sus empleados a limpiar esa ropa en casa. Es así como, sin saberlo, los extrabajadores de URALITA ponían en peligro su vida y la de sus familiares, especialmente mujeres que se encargaban de forma totalmente gratuita de una tarea de limpieza que requería formación específica y que, dado el riesgo que conllevaba, era responsabilidad exclusiva de la propia empresa.

Sentencia reciente

El pasado mes de diciembre de 2015, el Juzgado de Primera Instancia 96 de Madrid dictaba, a instancias del Colectivo Ronda, una sentencia que consideraba probado que esa ropa contaminada era el origen de las patologías relacionadas con el amianto —asbestosis y mesotelioma maligno— que habían provocado la muerte de 4 mujeres vinculadas familiarmente con trabajadores de URALITA y expuestas a las fibras de asbesto mientras se encargaban de la limpieza de la ropa de trabajo de sus parejas.

En esa ocasión, tal y como ahora reclamamos de nuevo, la sentencia establecía el pago de una indemnización de 700.000 € para los familiares de esas víctimas domésticas del amianto, desestimando la pretensión de URALITA de considerar prescritos los hechos.

Cerdanyola, zona cero del amianto

La demanda que se interpone el próximo lunes exige el pago de 5.189.000 euros a 14 personas de Cerdanyola y Ripollet afectadas por mesoteliomas, una forma de cáncer que afecta al pulmón y que tiene como único origen posible la exposición al amianto. Trece de estas personas convivieron en el domicilio familiar con extrabajadores de URALITA, mientras que una de ellas también sufre los efectos de la inhalación del amianto a pesar no tener ninguna vinculación profesional o familiar con la histórica fábrica de Cerdanyola, ciudad donde, junto con la vecina localidad de Ripollet, más de 900 personas han sido diagnosticadas de diferentes enfermedades relacionadas con la exposición al amianto.

El Colectivo Ronda y la lucha contra el amianto

Desde hace más de tres décadas, los abogados, abogadas y técnicos del Colectivo Ronda trabajan en defensa de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto y denunciando la falta de medidas efectivas de protección que muy a menudo han sufrido los hombres y mujeres que han trabajado en contacto con este peligroso material, prohibido a día de hoy en el territorio de la Unión Europea.

Nuestro compromiso con las personas que han muerto o tienen la salud deteriorada a causa del amianto y los materiales derivados del mismo nos ha llevado a constituir la Plataforma Estatal de Asesoramiento Jurídico a los Afectados del Amianto, una organización que trabaja para informar sobre los peligros todavía vigentes del asbesto y que vela por defender los derechos de las personas que sufren sus efectos.