Exigiendo soluciones al edificio Venus

Los vecinos del degradado edificio Venus de La Mina reclaman 2.760.000 euros a la Administración

27 de julio de 2016

Un grupo de 46 familias del degradado edificio Venus del barrio de La Mina ha interpuesto una demanda judicial exigiendo el pago de 2.760.000 euros al Consorcio del Barrio de La Mina (donde están presentes los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y Barcelona, la Generalitat y la Diputación de Barcelona) por la parálisis que desde hace más de 6 años afecta al proceso de expropiación y derribo de un inmueble que permanece en estado ruinoso e insalubre ante la inactividad de la Administración.

En el año 2009 el Consorcio del Barrio de La Mina aprobó inicialmente el proyecto de expropiación de las viviendas del edificio Venus y realojamiento de sus ocupantes como una de las principales medidas del Plan Específico de Reordenación y Mejora (PERM), que pretendía desarrollar una intervención integral en el barrio con el objetivo declarado de mejorar y regenerar el entorno urbanístico de una de las zonas que acumula mayores deficiencias de planificación de toda el área metropolitana y donde todavía hoy perduran núcleos de marginalidad y pobreza severa.

Muy pronto, no obstante, el proyecto de expropiación se abocó a un callejón sin salida después de que el Consorcio trasladase a los vecinos la exigencia de abonar cerca de 40.000 euros para acceder a una de las nuevas viviendas construidas para alojarlos una vez finalizase el proceso de expropiación forzosa de sus pisos del edificio Venus. Contra esta pretensión los vecinos presentaron las correspondientes alegaciones, denunciando que la medida contravenía de forma evidente la normativa incluida en el Decreto Haus, aprobado por la Generalitat el pasado 19 de mayo de 2009, que especifica de forma clara que, en caso de expropiación, tal y como es el caso del edificio Venus, las personas afectadas tendrán derecho a recibir de forma totalmente gratuita una nueva vivienda de características análogas a la expropiada.

Siete años de espera

Desde la presentación de las alegaciones, desestimadas íntegramente por el Consorcio en agosto de 2010, el proyecto se mantiene en un compás de espera, sin que se apruebe definitivamente el expediente de expropiación ni se dé trámite para que sea el Jurado de Expropiación quien decida sobre las referidas alegaciones. Casi 7 años en que los pisos construidos para alojar a las familias del Venus se han mantenido desocupados y permanentemente vigilados para evitar que fuesen ocupados mientras el edificio —y la vida de las personas que lo habitan— se degrada por la falta de mantenimiento del entorno y ante la inactividad absoluta de la Administración, hasta llegar a un estado de ruina e insalubridad evidente que ha sido objeto de reprobación por parte incluso del Síndic de Greuges.

Medidas cosméticas

En el enésimo despropósito que ha acompañado a este proceso, en julio de 2014 el Consorcio anunciaba su renuncia a la expropiación y derribo del Venus y sustituía el plan inicial por la idea de “rehabilitar” el edificio, desdiciéndose de la justificación que hizo en su momento del Plan Específico de Reordenación y Mejora, que consideraba “prioritario” derribar el edificio Venus para hacer posible la regeneración del barrio y el desmantelamiento de una bolsa de pobreza y marginalidad. Un propósito sustituido por la propuesta de rehabilitar superficialmente un inmueble actualmente en condiciones infrahumanas por la imposibilidad de los vecinos de hacer frente al coste económico del realojamiento.

Derecho a una indemnización

Ante la inactividad de la Administración, que ha condenado a los vecinos del edificio Venus a permanecer en unos edificios que atentan contra el derecho a una vida digna y a la propia salud sin intervenir para encontrar soluciones a la situación, un grupo de 46 habitantes del inmueble ha decidido finalmente acudir a los tribunales para exigir una indemnización al Consorcio a razón de 10.000 euros por cada uno de los 6 años de injustificada dilación que acumula un proyecto de expropiación que se presentó a los vecinos por primera vez hace ahora más de una década. Todo ello, de nuevo, con la misma exigencia que los vecinos de La Mina han reclamado insistentemente a través de múltiples requerimientos: que la Administración respete su propia normativa y aplique a los vecinos de este modesto barrio el mismo criterio que se utiliza para resolver conflictos similares en otros distritos menos estigmatizados por la miseria y la marginalidad.

Los vecinos del degradado edificio Venus de La Mina reclaman 2.760.000 euros a la Administración

27 de julio de 2016 La Mina, edifici Venus, degradació, reallotjament

En el año 2009 el Consorcio del Barrio de La Mina aprobó inicialmente el proyecto de expropiación de las viviendas del edificio Venus y realojamiento de sus ocupantes como una de las principales medidas del Plan Específico de Reordenación y Mejora (PERM), que pretendía desarrollar una intervención integral en el barrio con el objetivo declarado de mejorar y regenerar el entorno urbanístico de una de las zonas que acumula mayores deficiencias de planificación de toda el área metropolitana y donde todavía hoy perduran núcleos de marginalidad y pobreza severa.

Muy pronto, no obstante, el proyecto de expropiación se abocó a un callejón sin salida después de que el Consorcio trasladase a los vecinos la exigencia de abonar cerca de 40.000 euros para acceder a una de las nuevas viviendas construidas para alojarlos una vez finalizase el proceso de expropiación forzosa de sus pisos del edificio Venus. Contra esta pretensión los vecinos presentaron las correspondientes alegaciones, denunciando que la medida contravenía de forma evidente la normativa incluida en el Decreto Haus, aprobado por la Generalitat el pasado 19 de mayo de 2009, que especifica de forma clara que, en caso de expropiación, tal y como es el caso del edificio Venus, las personas afectadas tendrán derecho a recibir de forma totalmente gratuita una nueva vivienda de características análogas a la expropiada.

Siete años de espera

Desde la presentación de las alegaciones, desestimadas íntegramente por el Consorcio en agosto de 2010, el proyecto se mantiene en un compás de espera, sin que se apruebe definitivamente el expediente de expropiación ni se dé trámite para que sea el Jurado de Expropiación quien decida sobre las referidas alegaciones. Casi 7 años en que los pisos construidos para alojar a las familias del Venus se han mantenido desocupados y permanentemente vigilados para evitar que fuesen ocupados mientras el edificio —y la vida de las personas que lo habitan— se degrada por la falta de mantenimiento del entorno y ante la inactividad absoluta de la Administración, hasta llegar a un estado de ruina e insalubridad evidente que ha sido objeto de reprobación por parte incluso del Síndic de Greuges.

Medidas cosméticas

En el enésimo despropósito que ha acompañado a este proceso, en julio de 2014 el Consorcio anunciaba su renuncia a la expropiación y derribo del Venus y sustituía el plan inicial por la idea de “rehabilitar” el edificio, desdiciéndose de la justificación que hizo en su momento del Plan Específico de Reordenación y Mejora, que consideraba “prioritario” derribar el edificio Venus para hacer posible la regeneración del barrio y el desmantelamiento de una bolsa de pobreza y marginalidad. Un propósito sustituido por la propuesta de rehabilitar superficialmente un inmueble actualmente en condiciones infrahumanas por la imposibilidad de los vecinos de hacer frente al coste económico del realojamiento.

Derecho a una indemnización

Ante la inactividad de la Administración, que ha condenado a los vecinos del edificio Venus a permanecer en unos edificios que atentan contra el derecho a una vida digna y a la propia salud sin intervenir para encontrar soluciones a la situación, un grupo de 46 habitantes del inmueble ha decidido finalmente acudir a los tribunales para exigir una indemnización al Consorcio a razón de 10.000 euros por cada uno de los 6 años de injustificada dilación que acumula un proyecto de expropiación que se presentó a los vecinos por primera vez hace ahora más de una década. Todo ello, de nuevo, con la misma exigencia que los vecinos de La Mina han reclamado insistentemente a través de múltiples requerimientos: que la Administración respete su propia normativa y aplique a los vecinos de este modesto barrio el mismo criterio que se utiliza para resolver conflictos similares en otros distritos menos estigmatizados por la miseria y la marginalidad.