La Asociación Celíacos de Cataluñaha hecho uso del Derecho Fundamental de Petición (art.29 de la Constitución española) para dirigirse al Ministerio de Sanidad con la exigencia de que el Estado contribuya a financiar el sobrecoste que para las personas afectadas de celiaquía representa la necesidad de consumir productos sin gluten
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RESUMEN:
La petición traslada al Ejecutivo reclama que la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Seguridad incluya ayudas fiscales o ayudas específicas para la adquisición de alimentos que puedan beneficiar a las personas afectadas de la enfermedad celíaca en todo el Estado. Actualmente, sólo Extremadura, País Vasco y algunos municipios de la Comunidad Valenciana otorgan este tipo de ayudas o subvenciones mientras que, por parte del Estado, las ayudas para la adquisición de alimentos libres de gluten quedan circunscritos a los funcionarios encuadrados a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), pero no al conjunto de la población.
Un estudio de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España realizado el pasado 2020 determinó que los productos sin gluten son un 331% más caros que los que sí contienen este nutriente.
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La Asociación Celíacos de Cataluña, en representación de las más de 525.000 personas afectadas por enfermedades relacionadas con la ingesta de gluten en Cataluña y Menorca, ha dado traslado a una petición formal dirigida al Ministerio de Sanidad para que se incorpore a la orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de establecer mecanismos uniformadores en todo el Estado para la financiación de los tratamientos vinculados a la enfermedad celíaca.
Desde la Asociación se recuerda que para la gente afectada de celiaquía, el único tratamiento posible es una dieta estricta libre de gluten durante toda la vida. En caso contrario, si la ingesta de alimentos no se encuentra depurada de esta proteína, las consecuencias para la salud pueden llegar a ser extremadamente graves, incluyendo la posibilidad de desarrollar tumores malignos.
Entre 450.000 y 900.000 personas afectadas
Varias estimaciones científicas señalan que entre un 1% y un 2% de la población del Estado español es celíaca aunque la mayoría, hasta un 85% según algunas fuentes, no han sido diagnosticadas. De esta horquilla se desprende que el número de afectados y afectadas por la enfermedad celíaca en España se sitúa entre un mínimo de 450.000 y un máximo de 900.000 personas, la inmensa mayoría de las cuales no recibe ningún tipo de ayuda económica para hacer frente a los gastos que conllevan sus especiales necesidades alimentarias.
Actualmente, los únicos ayudas y subvenciones para contribuir a la financiación de la adquisición de alimentos sin gluten son los que otorgan a sus ciudadanos las comunidades autónomas de Extremadura y el País Vasco, algunos municipios de Valencia y el propio Estado, pero en este caso limitado a los funcionarios y funcionarias adscritos a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
Miembros de la Asociación Celíacos de Cataluña consideran que la presente situación supone «un agravio comparativo en detrimento del derecho a la salud y la integridad física de las personas enfermas que viven en territorios donde, como es el caso de Cataluña, no se otorga ningún tipo de ayuda a unas familias que ven notablemente incrementado el coste de su cesta de la compra como consecuencia de padecer una enfermedad que conlleva necesidades nutricionales concretas». En este sentido, la Asociación recuerda que a pesar de la transferencia de competencias en materia sanitaria a las comunidades autónomas, corresponde al Estado y el Ministerio de Sanidad establecer la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y evitar que se conculque el derecho constitucional a la salud, la integridad física y la igualdad de todos los ciudadanos del territorio nacional. Así lo reconocía el Defensor del Pueblo en el año 2017 en un informe donde, entre otras conclusiones relacionadas con la situación de las personas celíacas en el Estado, enfatizaba la necesidad de crear «un marco coherente de prestaciones sociosanitarias» dirigido a este colectivo de enfermos y enfermas expuestas a la posibilidad de desarrollar graves trastornos autoinmunes en ausencia de una dieta sin gluten.
La atención sanitaria como deber primordial
Los abogados Pau Maragall y Pau Estévez, ambos miembros de Colectivo Ronda, han asesorado la Asociación Celíacos de Cataluña en la redacción de la petición trasladada al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en ejercicio del Derecho de petición, un mecanismo legalmente establecido que permite a las personas físicas y jurídicas reclamar la intervención de la Administración en defensa de sus derechos cuando no existe un procedimiento específicamente establecido para vehicular su reclamación. «No podemos ignorar analizan los abogados- que seguir una dieta sin gluten conlleva un esfuerzo económico que puede llegar a ser muy importante y que, desgraciadamente, puede no estar al alcance de todas las personas y familias que lo requieren por razón de su enfermedad. O que la dificultad para afrontar este coste puede repercutir en un empobrecimiento desde el punto de vista nutricional y dietético de la dieta. Esto no es aceptable porque hablamos de enfermos crónicos para quienes el único tratamiento eficaz es una alimentación completamente exenta de gluten y trazas. No es una opción, es una obligación imperativa. Y corresponde al sistema público de salud velar para que estas personas tengan un acceso garantizado a su 'medicina', que no es otra que los alimentos sin gluten. El Estado está incurriendo en un incumplimiento grave del deber de protección de la salud de la ciudadanía y garantizar tratamientos médicos y servicios sanitarios adecuados y suficientes para todos. Además, tampoco está impidiendo, como sería exigible, que se generen agravios comparativos, permitiendo que las personas afectadas por la enfermedad celíaca tengan acceso a mayores o menores coberturas asistenciales en función de su territorio de residencia. Y todo ello sin contar el trato claramente discriminatorio que representa que el mismo Estado que se niega a implementar este tipo de ayudas y subvenciones por el conjunto de enfermos y enfermas en cambio las incluya entre las prestaciones de las que son beneficiarios los funcionarios adscritos al MUFACE ».
Por todas estas razones, los abogados consideran que en caso de no atender la petición trasladada y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Seguridad no actúe para corregir la actual situación, resulta inevitable «que la desatención de la que son víctimas las personas celíacas a día de hoy acabe siendo objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional».
