Jaume Cortés, abogado de Colectivo Ronda experto en toxicología laboral y ambiental considera que «dada la gravedad del accidente, la proximidad a núcleos urbanos habitados y la relación con un agente químico altamente tóxico y oficialmente calificado como cancerígeno como es el óxido de etileno, consideramos que las autoridades primaron el interés por no alertar a la población frente a la obligada sumisión al principio de precaución"
El óxido de etileno es, según la Agencia Internacional para la Investigación Sobre el Cáncer (IARC), un agente cancerígeno que, en caso de exposición, puede llegar a provocar el desarrollo de leucemia y graves afectaciones sobre el sistema linfático y hematopoyético. «Una situación que, básicamente, deriva de exposiciones prolongadas a esta sustancia principalmente en el ámbito laboral -explica Jaume Cortés, abogado de Colectivo Ronda- De hecho, el Cuadro de Enfermedades Profesionales vigente señala la leucemia como patología de origen laboral en aquellos casos en los que existe exposición al óxido de etileno en el puesto de trabajo ».
El gravísimo accidente en las instalaciones de la empresa IQOXE provocó la combustión de grandes cantidades de esta sustancia química, extremadamente inflamable y volátil. Combustión que no debería conllevar la emisión de gases tóxicos ni, por tanto, suponer un riesgo generalizado para la población de las localidades circundantes. «Aún así -enfatiza el abogado- difícilmente podemos aceptar que esta ausencia de riesgo se pueda certificar de forma tan rápida, descartando la concurrencia de otros escenarios de riesgo derivados de la afectación sobre las reservas de óxido de etileno presentes en la planta de IQOXE, hasta el punto de descartar la necesidad de confinamiento preventivo de la población cuando aún no habían transcurrido dos horas desde el accidente».
El principio de precaución es el elemento rector de cualquier actuación destinada a prevenir los efectos nocivos sobre la salud derivados de la exposición a agentes químicos o cualquier otro riesgo a considerar. Ni siquiera la presunción o la falta de evidencia de riesgo inminente son razones válidas para justificar una forma de proceder por parte de las autoridades que desde el primer momento parecía orientada de forma casi exclusiva a descartar la existencia de riesgo para la población, incurriendo en lo que cabría considerar como un exceso de precipitación. Y en el mismo sentido debemos decir que, dada la magnitud del incidente y la peligrosidad de los productos implicados, tampoco se puede entender que no se desplegaran en toda su extensión las disposiciones del Plan de Prevención de Riesgos Químicos (SEPQCAT), especialmente con respecto a los servicios de alerta a la población y más teniendo en cuenta las recientes denuncias que desde el pasado mes de julio han hecho públicas las principales centrales sindicales respecto a las disfunciones que afectan a los planes de prevención que operan en la petroquímica.
«Hacer lo posible para evitar el pánico o la alarma injustificada entre la población es plenamente razonable -analiza Cortés- pero no lo es, en cambio, realizar declaraciones públicas en el sentido de calificar del óxido de etileno como producto no tóxico o trasladar mensajes de plena tranquilidad cuando la situación todavía no podía estar objetiva y razonablemente considerada bajo pleno control».
La petroquímica de Tarragona es una infraestructura industrial de vital importancia económica y en términos de empleo para la provincia de Tarragona y el conjunto de Cataluña. Pero también es un espacio de altísima concentración de empresas e industrias que utilizan diariamente grandes cantidades de productos altamente tóxicos y peligrosos para la salud humana y la integridad del medio ambiente situado a muy poca distancia de núcleos habitados. Para el abogado, «esta proximidad exige de medidas extremas de seguridad pero, muy al contrario, la tónica habitual de la reacción a los frecuentes incidentes que afectan la petroquímica pasa siempre, de forma invariable, por negar la peligrosidad de los hechos y descartar el poder contaminante de los productos implicados, ignorando las evidencias respecto el progresivo deterioro de la calidad del entono ambiental que afecta a Tarragona y sus habitantes».
La actividad industrial no puede ser la única prioridad a considerar por parte de las autoridades. Tenemos derecho a vivir y trabajar en un entorno seguro que no someta nuestra salud a permanente amenaza.
