Los habitantes del degradado edificio reclaman 100.000€ para cada una de las familias
57 de las familias que siguen viviendo en el ruinoso e insalubre edificio venus del barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs reclaman 5.7 millones de euros al Consorcio del Barrio de La Mina en concepto de daños y perjuicios por la demora de 10 años en la ejecución del proyecto de derribo y realojamiento de su vivienda, donde según un contundente informe del Síndic de Greuges, las condiciones de vida son «inhumanas».
El pasado 17 de julio de 2002 la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona procedió a la definitiva aprobación del denominado Plan Especial de Reordenación y Mejora del Barrio de La Mina (PERM) que preveía una serie de medidas urbanísticas para proceder a la regeneración de la zona y actuar de forma integral en el ámbito educativo, cívico y de seguridad contra la exclusión y la marginalidad que aún estigmatizan el barrio. El ente encargado de vehicular y ejecutar este proyecto fue el Consorcio del Barrio de la Mina, constituido por los ayuntamientos de Sant Adrià del Besòs y de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona.
Entre las principales medidas incorporadas al PERM establecía la expropiación de las viviendas del edificio VENUS y el realojo de las familias que vivían, considerando que la reubicación de las familias se convertiría en un elemento clave en el desmantelamiento de una de las principales bolsas de precariedad social que aún perviven en el área metropolitana de Barcelona.
Transcurridos 7 años desde la aprobación del PERM, en diciembre de 2009, el Consorcio de la Mina dio luz verde al proyecto de expropiación de las viviendas del edificio Venus frente al que presentaron alegaciones la totalidad de propietarios expresando su disconformidad con la valoración que se hizo de sus propiedades y discrepancias respecto cómo hacer efectivo el realojamiento los mueves pisos construidos para acogerlos.
Las alegaciones de la vecindad fueron desestimadas por el propio Consorcio a pesar de la disparidad de pareceres entre el organismo encargado de ejecutar el plan de reforma del barrio y sus habitantes, dando paso a un conflicto que todavía se haría más punzante cuando se anunció que el edificio Venus no sería finalmente derribado sino que se rehabilitaría para que siguiera siendo ocupado por sus habitantes. Un anuncio que amenazaba con provocar la definitiva renuncia a ejecutar una de las propuestas del PERM que, según sus impulsores, se consideraba indispensable para alcanzar el objetivo de regenerar la zona y erradicar de la marginalidad en el barrio y que tenía origen en el desacuerdo con los vecinos respecto a los términos de la expropiación y, especialmente, la obligación impuesta a los habitantes del edificio Venus abonar el precio determinado unilateralmente por el Consorcio para poder acceder a las viviendas destinadas a acogerlos tras derribo. En este sentido, el propio Ayuntamiento de Sant Adrià adoptó un Acuerdo al pleno municipal para exigir al Consorcio del Barrio de La Mina la ejecución íntegra de las acciones contempladas en el PERM, incluyendo el derribo del edificio Venus.
Diez años de abandono y condiciones de vida «infrahumanas»
En el transcurso de estos 10 años de conflicto, el Consorcio no ha remitido el expediente, tal y como hubiera sido preceptivo, al Jurado de Expropiación de Cataluña, el órgano competente para la tasación, peritaje y fijación del precio justo los expedientes expropiatorios instados por las administraciones públicas. En vez de optar por la que hubiera sido la vía adecuada de resolución de este conflicto, durante todo este tiempo la situación se ha mantenido inalterada, es decir, con el proyecto de demolición del edifico Venus descartado y los sus habitantes viviendo en un inmueble que presenta una estado tal de degradación que constituye no sólo un escenario insalubre y peligroso para la salud sino, más allá, un verdadero atentado contra la dignidad de la existencia humana agravado por el hecho de que el edificio se encuentra formalmente afectado desde el año 2002 y desde entonces no se han realizado obras de mantenimiento, acondicionamiento o mejora.
Así lo apreció en diciembre de 2014 el Síndic de Greuges de Cataluña mediante un contundente informe donde denunciaba «falta de voluntad política por parte de las Administraciones involucradas» y constataba que la ausencia de mantenimiento del edificio «ha provocado una importante degradación física que ha obligado a los vecinos a vivir en condiciones infrahumanas durante todos estos años. Todo ello mientras las viviendas de sustitución estaban una calle más allá, totalmente construidos y con vigilancia para que no se ocupen de forma ilegal ». En consecuencia, el Síndic recogía en su informe -que tuvo un amplio eco en prensa- la necesidad urgente de articular «mecanismos para compensar los perjuicios causados a los vecinos por el tiempo en que han tenido que malvivir en sus viviendas por la falta de mantenimiento del edificio debido a la afectación urbanística del edificio Venus ». Además, el Síndic recordaba que «más allá de los aspectos jurídicos, urbanísticos y económicos los poderes públicos han de tener presente que en su día se justificó la actuación por motivos de carácter social de respeto a las personas vulnerables. Ahora, es necesario, pues, ser consecuente con las decisiones adoptadas y estar a la altura de los compromisos adquiridos y las expectativas generadas a los ciudadanos ». En este sentido, dicho informe concluía que con la forma de proceder de la administración «se desprecian las ilusiones que los vecinos habían depositado en un nuevo proyecto de vida y se condena a la marginalidad a las familias que no pueden hacer frente al precio determinado -unilateralment- por parte del Consorcio ».
Reclamación por daños y perjuicios
Mariona Torra, abogada de Colectivo Ronda que asesora una cincuentena de vecinos del edificio Venus explica que la presente reclamación dirigida al Consorcio exige el pago de 100.000 € en concepto de daños y perjuicios para cada una de las familias afectadas por los 10 años de parálisis del proceso de expropiación, a razón de 10.000 € por año. «Durante todo este tiempo -explica el abogada- las familias del edificio Venus han sido condenadas a malvivir en un espacio que no reúne las mínimas condiciones para una existencia digna y que, además, representa un verdadero peligro para a su integridad física. Hablamos de escaleras rotas, instalaciones eléctricas absolutamente dañadas, tuberías abandonadas, ascensores averiados ... en cualquier momento se podría lamentar una desgracia personal. Y todo ello sin que la Administración actúe. Si la necesidad de desarrollar el PERM tenía que ver, como se dijo, con la voluntad de dignificar la vida de las personas del barrio de La Mina y contribuir a acabar con la marginalidad de la zona, es inaceptable que se paralice la tramitación de un procedimiento de expropiación por desavenencias respecto al precio pagar para acceder a unas viviendas que han sido construidos pero permanecían vacíos mientras las condiciones de vida en Venus se convertían en impropias de una ciudad del primer mundo. E igualmente grave el hecho de que la desavenencia vierta en la inacción persistente y una pasividad continuada por parte de la Administración. El Consorcio debería haber aprobado definitivamente el proyecto de expropiación y en caso de desacuerdo, el deber legal de enviar el expediente al Jurado de Expropiación de Cataluña para que fuera este organismo quien determinara de forma independiente y razonada cuál debía ser el valor de las expropiaciones. Pero en vez de eso, se ha abandonado el edificio y la gente que vive, como si no fueran ciudadanos con idéntico derecho a vivir en un entorno que no sea una condena a la marginalidad y un riesgo para la integridad física para las personas que viven ».
