Impugnación judicial de la rebaja aplicada a las ayudas a los Centros Especiales de Trabajo (CET)
La Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC) ha impugnado a través de Colectivo Ronda las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los centros especiales de trabajo que otorga el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
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La Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña ha decidido impugnar judicialmente las bases que regularán la concesión de ayudas a los centros especiales de trabajo ante la previsión de que, a la práctica, puedan suponer la supresión de todo tipo de subvenciones para casi 6000 personas ocupadas en los 207 centros especiales de trabajo de Cataluña que ostentan un grado de discapacidad inferior al 65%, es decir, más de un tercio del total de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial que trabajan en estos espacios laborales. Según consta en la denuncia, la propuesta reguladora del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias sólo asegura al colectivo de discapacitados con especiales dificultades ayudas que hasta ahora otorgaba a la totalidad de empleados con discapacidad de estos centros.
La partida más afectada es la destinada a subvencionar la actividad de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional (USAP) integradas por psicólogos, pedagogos, docentes y demás personal de vital importancia para preservar el carácter formativo y sostenible de los Centros Especiales de Trabajo. En este caso, los centros únicamente recibirán la subvención en relación a los trabajadores con más de un 65% de discapacidad, con la única excepción de las personas afectadas de parálisis cerebral o discapacidad intelectual, que en este caso cobrarían a partir del 33%. Por tanto, el conjunto de discapacitados físicos y sensoriales con menos de un 65% de discapacidad se vería totalmente excluído de una subvención que hasta ahora percibían.
Significativamente más importante es la limitación introducida en la principal línea de subvención de los Centros Especiales de Trabajo como es el otorgamiento de una ayuda equivalente al 50% del importe del SMI. En este sentido, esta ayuda se concedía hasta ahora a la totalidad de trabajadores con discapacidad de los centros, sin ningún tipo de distinción que tuviera como fundamento el grado o la tipología de discapacidad. Sin embargo, las nuevas bases impugnadas por la Federación sólo garantizan la concesión de esta ayuda a los trabajadores considerados con especiales dificultades -más de un 65% de discapacidad- advirtiendo que «ante la previsión de agotamiento del crédito» el resto de trabajadores sólo podrán acceder a la ayuda «por orden de prelación, de mayor a menor grado de discapacidad».
Según Marc Vilar, abogado del Colectivo Ronda encargado de interponer la demanda, la Generalitat «vulnera el contenido de la normativa estatal en vigor que establece una ayuda a los Centros Especiales de Trabajo equivalente al 50% del SMI por sus empleados con cualquier tipología de discapacidad, física, sensorial, intelectual o con enfermedad mental, sin establecer ninguna distinción en relación a la tipología o el grado de afectación que es, precisamente, lo que ha hecho la Generalitat limitando la ayuda al colectivo de grandes discapacitados». En opinión del abogado, «esta práctica no se ajusta ni a la ley ni al espíritu de las ayudas a la integración que se articulan a través de unos centros laborales que resultan de capital importancia para miles de trabajadores (más de 15000 en Catalunya) y sus familias. Un recorte de esta magnitud puede suponer que los CET se vean obligados a reducir sus plantillas, condenando al paro a personas con discapacidad y con grandes dificultades para acceder al mundo laboral si no es a través de estas iniciativas».
Siete meses sin recibir subvenciones
Por su parte, Julio Martínez, presidente de la FECETC, recordó que muchos de los 207 Centros Especiales de Trabajo que actualmente existen en Cataluña podrían ver peligrar su viabilidad económica si se materializa definitivamente la supresión de las ayudas a los discapacitados de menor gravedad. «Ahora ya hace siete meses que no recibimos esta ayuda -explica Martínez- y muchos centros están sufriendo situaciones absolutamente desesperadas para poder pagar las nóminas. Si este escenario se convierte en permanente, tal y como pretende la Generalitat, no habrá alternativas a los cierres y los despidos, con el agravio social, personal e, incluso, económico que ello supone. ¿Dónde irá a buscar trabajo toda esta gente? El dinero que se pretenden ahorrar a costa de un colectivo tan vulnerable como es el de las trabajadoras con discapacidad se acabará pagando en forma de prestaciones de desempleo y prestaciones no contributivas, pero dejando por el camino todos los beneficios personales y de ganancias en el ámbito de la adquisición de autonomía que supone una práctica profesional de gran valor humano y formativo como es la que se desarrolla en los CET ».
