La Unión Europea aprobó una directiva, llamada de Servicios de Pago en el Mercado Interior, obligando a los Estados miembros a introducir en su ordenamiento jurídico toda una serie de medidas de obligado cumplimiento para las empresas y entidades financieras destinadas a reforzar los controles y la protección de los usuarios. Por un lado, existe el compromiso de autenticación reforzada, que implica que cualquier orden de pago esté supeditada a un proceso de doble validación.
