25N. Que la vergüenza y el miedo cambien de bando


Llega un nuevo 25 de noviembre para decir basta a todas las violencias machistas y seguir la lucha diaria por erradicar una lacra que atenta contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Este año, el caso de Gisèle Pelicot, la mujer que fue drogada y violada por decenas de hombres durante una década, ha sacudido al mundo y ha hecho resurgir con más fuerza que nunca el lema «que la vergüenza y el miedo cambien de bando». Y es que, lejos de ser hechos aislados, las violencias machistas, en sus múltiples formas, constituyen violencias estructurales y sistémicas que atraviesan a las mujeres cada día, golpeándolas y, en muchos casos, arrebatándoles la vida.

Hablamos de violencias que perduran en el tiempo y que pueden culminar en asesinato o, incluso, en violencia vicaria, ejercida sobre los hijos e hijas para instrumentalizar el dolor y llevarlo al extremo. Las agresiones machistas aumentan y se repiten, y deben llevarnos a cuestionar las estructuras patriarcales que perpetúan estas violencias en cualquier ámbito: especialmente el familiar, pero también el laboral, social, sanitario, educativo, institucional... Estructuras que es necesario transformar y deconstruir, rompiendo los silencios o las complicidades que, con demasiada frecuencia, operan con impunidad, sosteniendo un sistema opresor que, todavía de forma demasiado frecuente, protege a los agresores frente a las víctimas.

Y aquí es importante denunciar todas las violencias machistas en plural, porque son las físicas y sexuales, pero también las del ámbito laboral, médico, familiar e institucional. Violencias que en conjunto conforman un marco lleno de realidades desgarradoras que atentan contra la dignidad de ser mujer. Las manifestaciones que se organizan y convocan durante la jornada del 25 de noviembre, así como las diversas marchas nocturnas del día anterior, buscan convertir la protesta en una revuelta permanente para desmontar el sistema heteropatriarcal, capitalista y racista. Y gritar bien alto que el miedo y la vergüenza deben estar en el bando de los agresores.

«Nos queremos juntas, diversas, vivas, libres y rebeldes» seguirá siendo uno de los lemas para reclamar políticas públicas y recursos que protejan a las víctimas de las violencias machistas; que el sistema judicial incorpore la perspectiva de género en todas sus actuaciones, para lo cual es necesaria la reeducación en igualdad y sensibilización de todos los operadores jurídicos; que los derechos para las víctimas y las medidas de compensación realmente se apliquen y sigan ampliándose; y que se adopten medidas más valientes desde la base que supone la educación: educación en igualdad, educación sexual... incorporadas al currículum escolar, entre otras. Lo que se defiende es el feminismo «como esperanza de vida».

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce la violencia machista como una violación de los derechos humanos e incluye medidas en el ámbito laboral, familiar, social o comunitario, penal, sanitario, institucional, digital, educativo y en la vida política y la esfera pública de las mujeres. En el entorno laboral, hay un conjunto de medidas que es necesario conocer para poder enfrentar esta violencia cuando se produce en este ámbito, desde la movilidad y cambio de centro de trabajo hasta los permisos laborales remunerados, la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo o prestaciones asistenciales especiales. Medidas que ayudan pero no compensan todo el daño sufrido y que continúan revictimizando a las mujeres, aplicando sobre ellas los efectos de las medidas a tomar, y no sobre el agresor. La implementación de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo también deben ayudar a proteger situaciones de violencia y ofrecer los caminos y las herramientas para denunciar todos los casos, y poner sobre la mesa las desigualdades existentes como una forma de violencia, y el acoso como un riesgo laboral.

El camino es largo, y es necesario seguir gritando «ya basta» y poner el foco en lo que suponen estas violencias, su lamentable «normalización» o sus resistencias, para que se pueda actuar a la altura de las denuncias, desde todos los frentes posibles. Y construir nuevos relatos que ayuden a preservar la vida. Contra todas las violencias.

Hablamos de violencias que perduran en el tiempo y que pueden culminar en asesinato o, incluso, en violencia vicaria, ejercida sobre los hijos e hijas para instrumentalizar el dolor y llevarlo al extremo. Las agresiones machistas aumentan y se repiten, y deben llevarnos a cuestionar las estructuras patriarcales que perpetúan estas violencias en cualquier ámbito: especialmente el familiar, pero también el laboral, social, sanitario, educativo, institucional... Estructuras que es necesario transformar y deconstruir, rompiendo los silencios o las complicidades que, con demasiada frecuencia, operan con impunidad, sosteniendo un sistema opresor que, todavía de forma demasiado frecuente, protege a los agresores frente a las víctimas.

Y aquí es importante denunciar todas las violencias machistas en plural, porque son las físicas y sexuales, pero también las del ámbito laboral, médico, familiar e institucional. Violencias que en conjunto conforman un marco lleno de realidades desgarradoras que atentan contra la dignidad de ser mujer. Las manifestaciones que se organizan y convocan durante la jornada del 25 de noviembre, así como las diversas marchas nocturnas del día anterior, buscan convertir la protesta en una revuelta permanente para desmontar el sistema heteropatriarcal, capitalista y racista. Y gritar bien alto que el miedo y la vergüenza deben estar en el bando de los agresores.

«Nos queremos juntas, diversas, vivas, libres y rebeldes» seguirá siendo uno de los lemas para reclamar políticas públicas y recursos que protejan a las víctimas de las violencias machistas; que el sistema judicial incorpore la perspectiva de género en todas sus actuaciones, para lo cual es necesaria la reeducación en igualdad y sensibilización de todos los operadores jurídicos; que los derechos para las víctimas y las medidas de compensación realmente se apliquen y sigan ampliándose; y que se adopten medidas más valientes desde la base que supone la educación: educación en igualdad, educación sexual... incorporadas al currículum escolar, entre otras. Lo que se defiende es el feminismo «como esperanza de vida».

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género reconoce la violencia machista como una violación de los derechos humanos e incluye medidas en el ámbito laboral, familiar, social o comunitario, penal, sanitario, institucional, digital, educativo y en la vida política y la esfera pública de las mujeres. En el entorno laboral, hay un conjunto de medidas que es necesario conocer para poder enfrentar esta violencia cuando se produce en este ámbito, desde la movilidad y cambio de centro de trabajo hasta los permisos laborales remunerados, la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo o prestaciones asistenciales especiales. Medidas que ayudan pero no compensan todo el daño sufrido y que continúan revictimizando a las mujeres, aplicando sobre ellas los efectos de las medidas a tomar, y no sobre el agresor. La implementación de los planes de igualdad y los protocolos de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo también deben ayudar a proteger situaciones de violencia y ofrecer los caminos y las herramientas para denunciar todos los casos, y poner sobre la mesa las desigualdades existentes como una forma de violencia, y el acoso como un riesgo laboral.

El camino es largo, y es necesario seguir gritando «ya basta» y poner el foco en lo que suponen estas violencias, su lamentable «normalización» o sus resistencias, para que se pueda actuar a la altura de las denuncias, desde todos los frentes posibles. Y construir nuevos relatos que ayuden a preservar la vida. Contra todas las violencias.