La Covid.19 en las residencias de ancianos

La situación vivida en las residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de las administraciones competentes y las empresas encargadas de gestionar los servicios por el enorme impacto de la Covid-19 entre las personas residentes y los profesionales encargados de atenderlos.

En Cataluña, según datos facilitados por el Departamento de Salud de la Generalitat, más de 3000 residentes de centros geriátricos y residencias de ancianos han muerto como consecuencia de la Covid-19 desde el inicio de la actual crisis sanitaria. Cerca de 12.000 residentes, más de un 18% del total de usuarios de estos equipamientos, han sido diagnosticados positivamente mediante pruebas de laboratorio y casi 30.000 casos más se consideran sospechosos a pesar de no tener confirmación diagnóstica, principalmente como consecuencia de la falta de tests efectivos para detectar la patología. Si sumamos los casos diagnosticados a los probables, la afectación de la Covid-19 en los centros geriátricos y residencias de ancianos en Cataluña alcanza a más del 63% del total de la población residente. Cifra aterradora a la que debemos sumar los más de 5000 profesionales empleados en estos centros que han mostrado síntomas de la enfermedad o han sido obligados a someterse a aislamiento.

La contundencia de los datos obliga a hacer una reflexión sobre la situación que se está viviendo en estos centros y las responsabilidades, a diferentes niveles, que cabe atribuir, atendiendo especialmente a la composición de un sector donde encontramos centros de titularidad pública, residencias de iniciativa puramente privada e instalaciones que, a pesar de ser públicas, están gestionadas por empresas privadas, tanto de iniciativa social como mercantil.

Falta de inversión y recursos insuficientes

A pesar de la imposibilidad de emitir juicios que abarquen en su totalidad la realidad diversa del sector, lo cierto es que en las últimas semanas se han evidenciado trágicamente las consecuencias de la mercantilización de la actividad del cuidado y la atención a las personas mayores. Así, estos días se ha probado que la realidad de muchos de los centros geriátricos y residencias está conformada por la falta de personal, agravada en este caso por la no sustitución del personal de baja, y el incumplimiento de las ratios exigidas de cuidadores por residentes. Un déficit estructural que, en el caso de los centros privados y concertados está motivado por la voluntad de las empresas gestoras (en muchos casos grandes grupos multiservicio) de optimizar el beneficio económico y, con respecto a los centros públicos, en la insuficiente dotación presupuestaria y la falta de inversión por parte de las administraciones. El catálogo de irregularidades, sin embargo, no se agota en la falta de personal o en la insuficiente cualificación de buena parte de las plantillas. En las últimas semanas también hemos visto como en muchos centros se incumplían las normas especiales de higiene destinadas a prevenir la propagación de la Covid-19 (tanto las referentes a la higienización del espacio como las relativas a la obligación de dotar a los trabajadores/as de protección adecuada y suficiente) y no se desarrollaban políticas efectivas de aislamiento de los residentes susceptibles de estar afectados ni se aplicaban los protocolos para derivar a estas personas a centros hospitalarios donde poder ser atendidas con unas garantías que las residencias no pueden ofrecer.

El resultado de este cúmulo de despropósitos e irregularidades no tan sólo son las cifras mencionadas al inicio de este artículo. El resultado también es que miles de personas han muerto en la más completa soledad o que miles de profesionales se han visto obligados a trabajar en condiciones de enorme riesgo, poniendo en peligro su propia salud y la de sus familiares. Sin mencionar el hecho de que, ante la incapacidad del sector para gestionar la situación de crisis sanitaria, se ha optado por políticas temerarias como permitir que muchos residentes hayan sido reubicados en el hogar de sus familias sin ningún tipo de garantía de que su presencia en estas casas no representara un evidente peligro, ya fuera para su propia salud o la de los residentes en el domicilio de acogida.

Responsabilidades concurrentes: empresas y administraciones

Desde nuestra cooperativa consideramos que existe una responsabilidad exigible judicialmente en relación a las muertes y enfermedades causadas por la Covid-19 en las residencias de ancianos en todos aquellos casos en que la irrupción de la patología y su propagación pueda estar relacionada con la falta o la insuficiencia de los recursos dedicados a la gestión de los centros o la negligencia a la hora de aplicar las medidas más adecuadas. Responsabilidad que, en el casos de los centros de titularidad privada o de gestión concertada, deviene de carácter contractual respecto a las empresas e instituciones responsables pero que, en ningún caso, exime de su propia responsabilidad a las administraciones competentes.

A pesar de la previsibilidad de las consecuencias de la expansión de la Covid-19 entre la población vulnerable constituida por los residentes de centros geriátricos, la publicación de instrucciones directas sobre cómo proceder en este contexto pandémico en referencia a estas instalaciones se demoraron hasta la publicación en el BOE el 21 de marzo de la instrucción SND 265/2020, cuando ya estaba en vigor la declaración oficial del estado de alarma sanitaria. Posteriormente, unos días después, el 24 de marzo, el BOE publicaba una nueva instrucción, la SND 275/2020 que, por primera vez, «faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a los principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales».

Estas dos normativas específicas, que incorporan numerosas indicaciones e instrucciones respecto a cómo actuar en materia de cuidado de la salud, prevención e higiene, llegan dramáticamente tarde y, además, no han desplegado los efectos deseados por la inacción de las administraciones competentes, especialmente en lo tocante a la directriz de intervenir los centros que no estaban en disposición de cumplir con las normas de aislamiento de pacientes o proveer los enfermos de tratamientos médicos adecuados.

La inactividad administrativa genera una responsabilidad patrimonial sobre las consecuencias de la inacción, que también deriva del incumplimiento de la función supervisora ​​que la administración debe desarrollar respecto a la actuación de las empresas privadas que tienen otorgada la gestión de los centros, pues es responsabilidad de la Administración garantizar la suficiencia del nivel de atención y cuidado que reciben sus ciudadanos.

Corregir una situación que no puede ser permitida

Muchas empresas y las administraciones tienen que responder por los días de absoluta oscuridad que se están viviendo en las residencias de ancianos, donde las cifras de mortandad no pueden pretender justificarse al amparo de la vulnerabilidad de la población residente o la alta probabilidad de comorbilidades que puedan agravar los efectos de la Covid-19. El abandono de los ancianos y el peligro al que se ha expuesto a los trabajadores y trabajadoras de estos centros responden a la lógica perversa de la mercantilización de servicios esenciales. Pero el debate no se puede circunscribir en absoluto a la controversia sobre si este es un modelo aceptable. En este caso, la actuación de empresas y administraciones representa un incumplimiento de las responsabilidades adquiridas, tanto contractuales como extracontractuales, que pueden y deben ser objeto de revisión judicial para evitar la indefensión de las personas mayores usuarias de estos centros y la de sus familias.