La reforma laboral impulsada por el PP en 2012 no ha sido derogada. El grueso de sus disposiciones y la práctica totalidad de las más lesivas para los derechos de trabajadores y trabajadoras se mantienen intactas e inalteradas, sin perspectiva de corrección
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Derogar la reforma laboral de 2012 y devolver a trabajadores y trabajadoras los derechos perdidos desde esa fecha. Una afirmación sostenida por PSOE y Unidas Podemos desde los primeros días de la última campaña electoral y hasta el día de hoy. Primero como mantra y después como letanía refrendada con entusiasmo por las principales organizaciones sindicales, las mismas que han participado en la mesa de negociación junto al Gobierno y entidades patronales para alumbrar este RDL 32/2021 con un consenso que ha cercenando las ambiciones y el alcance del resultado final, como no podía ser de otra forma.
Derogar la reforma laboral; devolver derechos; restablecer equilibrios; combatir la temporalidad.
Todas estas palabras son ahora mismo, y a la vista de lo contenido en las nuevas medidas, el eco de una gran mentira, la sombra de una oportunidad perdida y el rastro de una enorme decepción a cargo del autoproclamado Gobierno más progresista de la Historia.
Es cierto que el RDL 32/2021 aborda algunas de las principales deficiencias del actual marco regulador de las relaciones laborales en España, como lo son el uso abusivo y fraudulento por parte de las empresas de las figuras de temporalidad legalmente establecidas, la inestabilidad y degradación de las condiciones de trabajo en contratas y subcontratas o, entre otras, el desequilibrio existente en la institución de la negociación colectiva, elemento capital en la configuración de las relaciones de trabajo. Pero es igualmente cierto que la totalidad de las medidas aprobadas y consensuadas son manifiestamente insuficientes para alcanzar los objetivos declarados y que, a la práctica, la reforma laboral no tan solo no ha sido derogada sino que mantiene incólumes sus elementos más sustanciales y perniciosos.
La reforma laboral de 2012 no se ha derogado. No se ha revertido la dramática reducción de las cuantías indemnizatorias que ha hecho que, de media, un trabajador/a despedido cobre actualmente un 40% menos en concepto de indemnización de lo que lo hacía en 2013. No se ha suprimido la potestad que actualmente tienen las empresas de imponer unilateralmente reducciones salariales a sus plantillas con la única condición de aportar laxas explicaciones sobre la conveniencia (conveniencia, no necesidad) de la medida. La extinción o finalización de los contratos temporales celebrados en fraude de ley -que son la abrumadora mayoría de todos los contratos de trabajo suscritos- seguirán sin ser declaradas nulas, renunciando a la única posibilidad real de poner freno a su uso por parte de las empresas en lugar de confiarlo todo a la acción sancionadora de una administración desbordada y carente de medios para satisfacer sus obligaciones de control. Tampoco se han rehabilitado los salarios de tramitación que, en su momento, constituían el principal elemento de disuasión a la hora de persuadir a las empresas de ejecutar despidos sin causa. No se ha restablecido la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales frente a los de empresa más que en lo referente a las cuantías salariales, a pesar de la evidencia de que la posición negociadora de la representación social es más débil cuando el diálogo se circunscribe al ámbito de la empresa, especialmente en un país en el que pymes y micropymes, allí donde la organización colectiva de la plantilla suele ser menor, conforman el grueso del tejido empresarial.
La retahíla de enunciados encabezados por un “no” podría ser mucho más larga hasta demostrar que la reforma laboral impuesta por el PP sin necesidad de los amplios consensos que ahora se han perseguido se mantiene plenamente vigente en todos sus elementos sustantivos y, desde luego, en los más lesivos. Una larga lista de carencias que señalan que, una vez más y desde la perspectiva de trabajadores y trabajadoras, esta nueva reforma laboral nace con un debe infinitamente más abultado que el haber por más que se proclame insistentemente lo contrario con la esperanza, quién sabe, de que sea cierto aquello de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad.
El mundo del trabajo en España se ahoga y desangra por las heridas de una temporalidad rampante, la acentuada reducción de salarios y la extensión sin freno de la precariedad, a la que contribuye decisivamente el recurso creciente a la externalización de la actividad. Una situación grave e insostenible favorecida por una reforma laboral que los partidos actualmente en el Gobierno prometieron derogar sin que hayan hecho más que incidir sobre aspectos puntuales. Y esta forma de proceder cuenta con el respaldo y la necesaria colaboración de quienes tienen como única razón de ser la defensa del interés común de trabajadores y trabajadoras, tal y como es el caso de las organizaciones sindicales más representativas. Las mismas que están sosteniendo con su aquiescencia el discurso de un Gobierno al que la decisión y la valentía no le alcanza para sostener las intenciones.
Ante este nuevo episodio de esperanzas traicionadas por parte de quien hizo de esas mismas esperanzas la bandera de su llegada al Gobierno, la clase trabajadora debe alzar la voz para exigir cumplimiento de las promesas ofrecidas. Alzar la voz para no permitir que la derogación de la reforma laboral de 2012 quede reducido a la condición de eslogan vacío y sin alma, mientras el trabajo sigue perdiendo dignidad y decencia.
Nosotros, como tantos otros abogados y abogadas laboralistas, seguiremos alzando nuestra voz. En los centros de trabajo, en las mesas de negociación y en los juzgados. Allá donde sea posible materializar con hechos la condición de tuitivo que acompaña al Derecho Laboral. Derecho para garantizar derechos, aunque lo sigan poniendo difícil.
