El TSJC ratifica la incapacidad de Naty López, la activista que inició la campaña contra el ICAM
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por el INSS y ratifica la incapacidad en grado de total reconocida a Naty López, la activista que con su acampada de protesta ante la sede del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM) ayudó a germinar un amplio movimiento de oposición a las altas injustificadas y los criterios economicistas de este ente con atribuciones de tribunal médico.
La noche del pasado 6 de octubre de 2015 fue la primera de la acampada de protesta que Natividad López Gama, conocida como Naty, protagonizó frente a la sede central del ICAM en la Avenida de Vallcarca en Barcelona. Una acampada que se prolongó durante casi un mes, inicialmente en solitario y, posteriormente, acompañada de otras personas y colectivos que se sentían afectadas por las prácticas de este organismo público con atribuciones de tribunal médico. La protesta protagonizada por Naty se convirtió en el verdadero catalizador de una intensa campaña mediática que sirvió para aportar luz sobre las polémicas actuaciones del ICAM, dependiente del Departamento de Salud de la Generalitat, y órgano competente para realizar los dictámenes médicos donde se determina si una persona sigue de baja a causa de la entidad de las lesiones o patologías que padece o si bien debe reincorporarse de forma inmediata a su puesto de trabajo. Además, el ICAM también es el organismo que examina el estado físico de las personas con el fin de confeccionar una propuesta de incapacidad permanente -que deberá ser ratificada posteriormente por el INSS- o instar su reincoporación al mundo laboral si considera que la condición física de la persona lo permite.
En el caso de Naty, y cuando faltaba poco más de un mes para alcanzar los 18 meses de baja médica que la legislación establece como límite antes de que se presente una propuesta de incapacidad permanente, el ICAM determinó la situación de alta médica y, por tanto, su plena capacidad para desarrollar una actividad laboral. Y lo hizo a pesar de los numerosos informes médicos que establecían con rotundidad la entidad y poder incapacitante de la larga serie de consecuencias físicas y neurológicas derivadas del infarto y posterior ictus que aún padecía la joven del barrio de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat. Entre otros, Naty mostraba graves afectaciones del sistema respiratorio y digestivo, un importante cuadro depresivo (en nivel "mayor grave", según informes psiquiátricos aportados) y disfunciones neurológicas que afectaban especialmente su capacidad cognitiva y la facultad del habla. En definitiva, un estado físico que en el momento de recibir el alta del ICAM le obligaba a visitar semanalmente hasta tres especialistas diferentes e imposibilitaban que Naty pudiera desarrollar las tareas de auxiliar contable que hasta el momento de sufrir el infarto y el ictus habían constituido su profesión habitual. El alta significaba también que Naty perdía el derecho a percibir la ayuda de 300 euros que durante todo el período de baja médica había constituido su única fuente de ingresos.
La gota que colma el vaso
El trato dispensado a Naty y la absoluta insostenibilidad del criterio exhibido para justificar su alta médica, fundamentado en una incierta "posibilidad de mejora", desató un intenso movimiento de protesta y apoyo que adoptaba como principal reivindicación la denuncia pública de los "criterios economicistas" que rigen la actuación del ICAM a la hora de prolongar bajas médicas y, especialmente, tramitar solicitudes de incapacidad permanente. Y es que, efectivamente, tal y como acabó admitiendo el propio Toni Comín, quien fuera Consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, una parte de los ingresos que el INSS aporta al ICAM para financiar su actuación de vigilancia se asignan en base a unos criterios que "contravienen las funciones asistenciales con criterios economicistas". Concretamente, las palabras de Comín hacían referencia a que el presupuesto anual del ICAM -fijado a través de la firma de sucesivos convenios de colaboración entre la Generalitat y el INSS- dependía parcialmente de la consecución de una serie de objetivos preestablecidos en el sentido de incrementar la cifra de altas médicas impuestas por el ente, acortar la duración media de las bajas médicas y reducir en un determinado porcentaje el volumen de propuestas de incapacidad. Objetivos que debemos considerar plenamente satisfechos si atendemos a que Cataluña se sitúa a la cola del Estado en lo referente a duración media de las bajas médicas y solicitudes de incapacidad reconocidas por el INSS. Una situación que, articulada en torno a Naty y con la colaboración de Colectivo Ronda, acabó provocando el nacimiento de la PAICAM, la Plataforma de Afectados por el ICAM, que desde su presentación oficial el pasado 9 de marzo de 2016 no ha dejado de denunciar insistentemente la situación de vulnerabilidad y exclusión que el ICAM provoca en numerosos trabajadores imponiendo altas médicas injustificadas que los abocan a volver al entorno laboral a pesar de su estado físico no les permite desarrollar sus tareas habituales.
Incapacitada para su profesión habitual
Por segunda vez, un tribunal ha desautorizado el ICAM en relación al caso de Naty. Si el pasado 17 de mayo de 2017 era el Juzgado Social 17 de Barcelona quien establecía que el estado físico de la joven obligaba al INSS a abonarle una prestación económica en reconocimiento a la situación de incapacidad laboral en grado de total que derivaba de sus lesiones y patologías, ahora ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que ha ratificado el contenido de aquella sentencia y desestimado el recurso interpuesto por el INSS. Según considera acreditado el Alto Tribunal catalán, las afectaciones que sufre Naty hacen que "se encuentre imposibilitada para realizar las tareas fundamentales de su profesión habitual de auxiliar administrativa contable" pues considera que sus facultades están "limitadas y disminuidas, de tal forma que está impedida para la ejecución del núcleo esencial de las actividades habituales, que no las puede realizar en las condiciones adecuadas de esfuerzo, eficacia y rendimiento exigibles a otros trabajadores que desarrollen su misma profesión, correspondiéndole, por tanto, el reconocimiento del grado de incapacidad permanente total para el ejercicio de la profesión". Las mismas conclusiones que ya señalaban los informes médicos y periciales que acompañaron en el año 2015 su solicitud de reconocimiento de incapacidad que tanto el INSS como el ICAM desoyeron inexplicablemente pesar de la evidencia médica sobre el estado de salud de Naty.
Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que ha acompañado a Naty en el largo periplo judicial que se ha visto obligada a afrontar antes de obtener este definitivo reconocimiento, celebra "el inmenso valor simbólico de una sentencia que aporta un mínimo de luz y reconocimiento a unos años que han sido muy largos y angustiosos para una persona joven y enferma que ha sido objeto de un verdadero maltrato por parte de la Administración. El mismo que sufren diariamente muchos trabajadores a quienes no se reconoce ni el dolor ni las dificultades de su día a día con el único objetivo de ahorrar el dinero que debería destinarse a abonar las prestaciones que corresponden a personas enfermas". Para Tisminetzky, "el caso de Naty ha marcado un antes y un después en Cataluña. Nunca antes se había hablado tanto del trato profundamente injusto que el ICAM y el INSS dispensan a gente enferma y vulnerable. Gracias a ella, a su fuerza y tenacidad y al conjunto de personas y entidades que le han dado el apoyo necesario para sostener la actividad de la PAICAM, muchos afectados y afectadas se han unido y han encontrado un camino para exigir el reconocimiento y las prestaciones que les corresponden".
