La condena al propietario de los perros que atacaron a dos personas en el barrio de Vallvidrera de Barcelona se fundamenta en un delito de lesiones por imprudencia grave, ya que el acusado no contaba ni con la licencia ni con las medidas de seguridad adecuadas para la tenencia de los animales.
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Los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2018, cuando el acusado dejó en el jardín de su casa en Vallvidrera, dos cachorros de 11 meses de la raza American Staffordshire, considerada potencialmente peligrosa, sin estar atados, sin bozal y sin cerrar adecuadamente la puerta. Los dos perros salieron de la vivienda y, una vez en la calle, atacaron a dos personas. La primera víctima fue un policía de paisano fuera de servicio que estaba haciendo deporte en la zona, a quien tiraron al suelo y mordieron en varias partes del cuerpo. El hombre tuvo que permanecer tres días ingresado en el hospital debido a las heridas, las cuales le impiden practicar la escalada y han afectado su trabajo como policía. Media hora después, los dos perros atacaron por la espalda a un anciano que caminaba por la zona, mordiéndole el brazo izquierdo y causándole lesiones en varias partes del cuerpo y en la cara.
La sentencia del juzgado penal número 10 de Barcelona considera que se cometieron dos delitos de lesiones por imprudencia grave, porque el propietario no adoptó las medidas de prevención suficientes, a pesar de que era “evidente” que debía tener una precaución “extrema”, puesto que los perros podían ser peligrosos, y tampoco cumplió con ninguna de las exigencias previstas para su tenencia.
La condena al propietario de los perros es de tres meses de prisión por cada delito de lesiones y, además, ordena indemnizar con 27.897 euros al agente de la Policía Nacional y con 36.074,80 euros al otro hombre herido por el ataque de los perros, sumando un total de 63.971 euros, por la responsabilidad civil en beneficio de cada una de las víctimas. Se trata de importes calculados teniendo en cuenta las lesiones temporales, las secuelas estéticas y los gastos médicos derivados de las intervenciones que se tuvieron que realizar en ambos casos.
Carme Herranz, la abogada del Colectivo Ronda que ha representado a una de las víctimas del ataque, el anciano, considera que la sentencia deja claro que debe haber un compromiso preventivo por parte de los propietarios de animales peligrosos para evitar daños como los ocurridos. «Las personas que tienen animales peligrosos deben cumplir con una serie de medidas que se estipulan claramente en la normativa vigente, empezando por la licencia especial que se requiere —y de la cual tampoco disponía el propietario—, así como las tareas de adiestramiento o de seguridad de las instalaciones en las que habitualmente pueden estar estos animales. Estamos ante un caso de negligencia grave por la falta de previsión, cautela y responsabilidad del propietario».
De acuerdo con el Decreto 170/2002, que hace referencia al Real Decreto 287/2002 y a la Ley 10/1999, las principales responsabilidades de los tenedores de perros potencialmente peligrosos son obtener una licencia administrativa emitida por el ayuntamiento donde reside el animal, identificar al animal con un microchip y cumplir con las medidas de seguridad establecidas. En caso de que un perro potencialmente peligroso ataque a una persona, el tenedor tiene responsabilidad civil por los daños, perjuicios y molestias que este ocasione a personas, cosas, vías y espacios públicos.
