Millones de hipotecas en el Estado español incluyen la llamada cláusula suelo, que establece un tipo de interés mínimo que el titular de la hipoteca está obligado a pagar aunque de la suma del índice de referencia (normalmente el Euríbor) y el diferencial acordado resulte un porcentaje menor que el que fija la mencionada cláusula.
Es decir, es una cláusula con la única finalidad de proteger los intereses de la banca contra escenarios de posibles bajadas del tipo de interés, como las que vivimos desde hace años, con el Euríbor situado en mínimos históricos, impidiendo el consiguiente abaratamiento de nuestras hipotecas sin ofrecer ningún tipo de contraprestación a los hipotecados.
Centenares de sentencias dictadas por los juzgados de todo el Estado, incluyendo resoluciones del Tribunal Supremo, consideran abusivas e ilegales las cláusulas suelo, abriendo de par en par la posibilidad de reclamar judicialmente su nulidad y la devolución por parte de las entidades financieras del dinero abonado indebidamente.